La Unidad de Policía Adscrita ha intervenido más de 50.000 boletos de lotería ilegal, distribuidos y puestos a la venta por la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), en Málaga y Cádiz por valor de 83.000 euros. 

En Cádiz se han requisado 14.697 boletos, dentro del Plan de Inspección redactado por la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía, en una operación que sirve como complemento al cierre de las cuatro sedes de la OID en la provincia (en las ciudades de Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera) por actividades ilícitas, a pesar de las numerosas sanciones que se le habían impuesto. En la sede de la OID de Málaga se han incautado un total de 37.267 cupones, que en el mercado hubieran alcanzado un valor de 60.000 euros.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado el "gran trabajo" de la Unidad de Policía Adscrita y del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta: “El cierre de estas cuatro sedes que se dedicaban a actividades ilícitas y las dos incautaciones de boletos en Málaga y Cádiz muestran una vez más la gran labor de la Unidad de Policía Adscrita y de todos los funcionarios del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta. Los resultados están ahí y son fruto de un trabajo minucioso”.

Con estas dos últimas incautaciones, son ya 428.680 boletos ilegales intervenidos desde 2019, lo que supone un importante golpe a este tipo de organizaciones ilegales y demuestra un importante nivel de persecución a los sorteos de lotería no autorizados en toda la región, según la Junta de Andalucía.

El cierre de las cuatro sedes de OID se realizó sin ninguna oposición por parte de sus responsables, apuntó la administración regional, con el objetivo de evitar así la utilización de estos locales para la distribución ilegal de lotería no autorizada.

La OID vendía boletos al año por valor de más de tres millones de euros y sólo tenía contratadas a siete personas de manera temporal, dado que los vendedores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y sólo cobraban conforme a los boletos que diariamente vendían, según las autoridades.

Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego sin autorización administrativa. La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros. Lo que ha motivado esta medida, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita estos últimos años sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción, apostilla la Junta.

La OID considera las medidas "desproporcionadas"

Desde la OID consideran la medida tomada por la Junta como "desproporcionada" y solicitan una reunión con la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre, y con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco. Según la organización, pretenden que "no se deje desamparados a los 300 discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales de la provincia de Cádiz, cuyo único medio de vida es la venta del boleto del discapacitado".

La OID sostiene que "la Junta de Andalucía no es competente para sancionar" a la entidad y hacen referencias a antiguas sentencias de la Audiencia Nacional que, en su opinión, le dan la razón.