Emanuel Gutiérrez Luna lleva 19 años al frente de la sección algecireña de la Audiencia Provincial, a la cabeza de la productividad en Andalucía. Narcotráfico, inmigración y otros delitos no dan tregua a los cuatro magistrados que la conforman, que cubren el 170% del trabajo que les correspondería. No miran el reloj, como tampoco el resto de los jueces del país, porque si lo hicieran "la Justicia se paralizaría".

-Estamos en pleno debate sobre la reforma del Código Penal tras la sentencia de La Manada. ¿Es necesaria?

-Creo que tal y como está el Código Penal en la actualidad tenemos las herramientas legales para enjuiciar todos los temas concretos en esta materia. El Código Penal está perfectamente definido y hay mucha jurisprudencia que aclara cuándo tenemos que ir a la calificación de abuso o a la agresión. Está bastante claro. Otra cosa es el enfoque personal que hagan los jueces en el juicio. Lo que ocurre en este caso de La Manada es que cada uno ha pensado de una manera distinta.

-¿Qué le parece la propuesta del Gobierno de introducir el consentimiento explícito?

-Todavía no he visto la propuesta, a ver cómo va, porque será complicado aplicarlo. Hay que tener en cuenta que en ese tipo de delitos casi nunca hay pruebas, solo lo que dicen uno y otro.

-Llega después de que hayamos visto en ocasiones culpabilizar a la víctima de una agresión sexual durante un proceso judicial por no haber expresado con fuerza o violencia una negativa.

-Es cierto que en algunos casos, sobre todo algunas defensas, preguntan de forma excesiva, pero para eso está el presidente de la sala. Se les corta y ya está. Tratamos no demonizar a la persona ni que tenga que dar explicaciones que no sean razonables. En la Audiencia tenemos una experiencia enorme en este tipo de casos. En el caso de los menores, evitamos que las víctimas vengan a declarar con un informe grabado, con entrevistas que hacen los servicios sociales en las que las partes pueden hacer preguntas a través de ellos. Con las adultas usamos un sistema de videoconferencia para que no tengan contacto con el acusado.

-¿Falta una mayor perspectiva y formación de genero en los juzgados españoles?

-Los jueces que van destinados a los juzgados de violencia tienen una formación y hay una oferta muy amplia de cursos, todos los años hacemos cursos. Puede que hiciera falta una formación más específica a cargo de especialistas.

-También se reivindica el endurecimiento de las penas contra el narcotráfico.

-Está muy levemente penalizado. Deberían volverse a revisar esas penas, que dieron un bajón porque, como decía aquella reforma del Código Penal, había que suavizar un poco las penas en algunos delitos entre otros motivos por la sobresaturación en las prisiones. Por ejemplo, el delito contra la salud pública para cocaína y heroína antes tenía penas de 3 a 9 años, y bajó de 3 a 6. El hachís va de 1 a 3 años, que suben de 3 a 6 si es una gran cantidad, si ha venido en embarcación será 4,5 o 5 años.

-¿Esa reducción de las penas ha tenido influencia en el repunte del narcotráfico?

-Esa reforma supuso un efecto llamada incluso. Aparte de las penas por narcotráfico se pusieron en marcha las expulsiones en sustitución de la pena, de forma que los extranjeros que hubieran cometido delitos con menos de 6 años de condena podrían ser expulsados a su país sin juicio, en sustitución de la pena. Eso supuso un efecto llamada, muchos extranjeros, sobre todo sudamericanos, venían pensando en la expulsión después. Se solventó porque es facultad del tribunal otorgar o no la sustitución de la pena y lo que hacemos es considerarlo una situación de discriminación del extranjero respecto al español. El artículo permanece pero la práctica es la que estoy comentando.

-¿Tienen medios suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico?

-Desde siempre he apuntado al blanqueo como aspecto fundamental de la lucha contra el narcotráfico. Y en ese sentido, es cierto que hay que dotar más policías y guardias civiles, pero sobre todo hay que traer agentes cualificados, de los que vienen a investigar, porque no podemos quedarnos solo con la detención en el momento e imponer 3 o 4 años de prisión, hay que ir tras el patrimonio del narco. Sí tiene más medios Vigilancia Aduanera, son los que sacan adelante más casos de blanqueo. Los más habituales, tenemos 25 o 30 juicios al año, son los de personas sin medios que tienen a su nombre todoterrenos, yates y lanchas y que no dicen quién les ha puesto eso a su nombre. Se conforman y van a prisión.Después estaría el narcotraficante en sí, ese es más difícil. Sería buena una colaboración de la Policía Nacional con Hacienda, que tiene más datos.

-Tras tantos años trabajando en asuntos de narcotráfico, ¿se ha sentido alguna vez amenazado?

-No, la verdad es que no he tenido ningún problema en ese sentido. He actuado con plena libertad.

-¿A favor o en contra de la prisión permanente revisable?

-Existe en prácticamente todos los países. Pero no es solo cuestión de que la prisión sea permanente revisable, sino que a estas personas antes de salir, bastante antes, hay que formarlos y educarlos.

-Por su experiencia, ¿los delincuentes se rehabilitan?

-El 70% no. En la Audiencia la mayoría de los casos que vemos son de reincidentes. Sobre todo en temas de narcotráfico es raro el que viene aquí sin un antecedente previo.

-¿Se plantea una prisión permanente para aquellos que puedan suponer un riesgo para sus conciudadanos?

-Yo pienso que toda la vida en la cárcel es una pena excesiva. Si hubiera sistema ideal sería la pena el tiempo que le corresponda, pero que el tiempo que esté en prisión que no pierda el tiempo, educándolos. Eso ayudaría bastante a que la gente que no reincidiera.