E-el 2018 está siendo un año convulso para el sector judicial. Hemos visto a jueces y fiscales manifestándose y haciendo paros. ¿Apoya las movilizaciones?

-La mayoría de las reivindicaciones son antiguas y estoy de acuerdo con ellas. Pero creo que el poder judicial no se puede reivindicar en la calle con una pancarta, hubiera sido mejor a través del Consejo General del Poder Judicial, tenemos otros cauces. Aunque es cierto que a veces el Consejo no se hace eco de todas las reivindicaciones. Alguna de las cuestiones que se están demandando son muy importantes y creo que las asume todo el mundo.

-¿Como cuáles?

-Las relacionadas con la falta de jueces. Somos 4.500 o 4.800 jueces trabajando, más unos 200 fuera del poder judicial. En España estamos casi a la cola del número de jueces por habitante, hay que sacar más plazas pero en los últimos años se ha ido restringiendo el número de plazas a concurso convocadas. Hay juzgados que tienen el doble de la carga de trabajo estipulada por el CGPJ. En la Audiencia estamos ya en el 170% y hace años que estamos pidiendo un quinto magistrado. Si algún día dijéramos vamos a hacer los asuntos que dice el CGPJ que tenemos que hacer la Justicia se paralizaría.

-También reivindican una mejora salarial.

-Nosotros tenemos una ley de retribuciones del año 2005, por la que cada cinco años habría que actualizar los salarios. Estamos en 2018 y esa revisión no se ha hecho nunca, pero además nos han recortado el sueldo. En los últimos 8 o 9 años no se ha actualizado tampoco el IPC. ¿Eso qué conlleva? Pues que la carrera judicial está perdiendo atractivo. Aunque se entra por vocación, la gente joven la va perdiendo, porque es una oposición dura, 350 temas, el 90% no aprueba y después de varios años de sacrificio vas a ganar 2.500 euros limpios con una gran responsabilidad.

-Y con una jornada laboral muy extensa.

-Lo malo es que no tenemos horarios, no sabemos cuándo terminamos. Por la tarde nos llevamos trabajo a casa y los fines de semana hay que trabajarlos. Hacemos jornadas de 10 o 12 horas seguro, pero de eso nadie se queja.

-Aún así hay muchas dilaciones.

-Primero por la sobrecarga de trabajo. Pero aparte de eso, habría que modificar las leyes procesales, las que regulan los procedimientos. Las que estamos aplicando ahora mismo son del año 1880, con ciertos retoques. ¿Qué ocurre? Puedes reclamar una cantidad pequeña en un juzgado de primera instancia pero esa cantidad pequeña tiene acceso a la Audiencia, cuando eso en otros países no ocurre. El segundo problema son los plazos que marcan las leyes. Son excesivamente garantistas, pero sobre todo muy atrasadas.

-¿Llegaremos a ver a los fiscales instruyendo?

-En los últimos 20 años todos los gobiernos se han planteado que instruya el fiscal y que el juez de instrucción sea un juez de garantías. El problema para no hacerlo es cómo se designa a nuestro fiscal general. En la carrera judicial los jueces son independientes, pero los fiscales dependen del fiscal general del Estado, que les da instrucciones que están obligados a seguir. Y a nuestro fiscal general lo designa el Gobierno. Ya hemos visto qué supone eso, cuando no obedece una orden del Gobierno lo destituyen o se va él mismo si no quiere obedecer instrucciones que no cree legítimas. Se debería designar al fiscal general por un plazo determinado, con una cierta mayoría. Cinco años por ejemplo, pero así sabe que nadie lo va a cesar en esos años. Y va a tener independencia para si hay que procesar un político hacerlo, independencia que ahora no sé si tienen, yo pienso que no.

-¿La politización de los órganos de gobierno es uno de los grandes problemas de la Justicia actual?

-Es otra de nuestras reivindicaciones. En principio la Constitución viene a decir que el poder judicial, que somos los 4.500 jueces, tiene un consejo con 20 miembros, 12 de los cuales serán elegidos entre los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Se interpretó como que el Gobierno elige a 12 jueces. Ahora se ha empeorado la situación al crear una comisión permanente que son los únicos 5 miembros del consejo que están siempre en Madrid. ¿A qué Gobierno le interesaría modificar el poder judicial? Creo que a ninguno, porque ellos son los que eligen a los 20.

-¿Eso tiene una repercusión en la actividad diaria?

-Desde el punto de vista de la independencia no, creo que se respeta. Pero sí tiene mucha influencia en cómo se eligen presidentes de audiencias, de tribunales superiores. Cada vez que hay nombramientos hay impugnaciones. Ese es el gran malestar de la carrera judicial.