Dos obras del Puerto de Algeciras, comenzadas entre 2012 y 2013 y con un valor conjunto de siete millones de euros, se vieron afectadas por las prácticas irregulares del cártel formado por seis de las principales constructoras españolas, que se dedicó durante 25 años a alterar miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras en toda España.

Así consta en el informe que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desveló el pasado jueves tras un investigación que ha culminado con multas por un total de 203,6 millones de euros a Acciona Construcción (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr Construcción (16,7 millones). La conducta de dichas compañías, sostiene la CNMC, constituye una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

En el Campo de Gibraltar se vieron afectadas por las prácticas de este grupo -denominado G-7- tanto la reordenación del área de embarque a Tánger y los nuevos controles de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras como la demolición del rompeolas del dique norte (Ingeniero Castor R. del Valle).

La primera obra se adjudicó en noviembre de 2012 a la UTE formada por Dragados, Obrascón Huarte Laín y Drace Infraestructuras por un importe total de 2.888.085,56 euros, aunque el presupuesto base de licitación era de 3.766.526,07 euros, es decir, casi un millón de euros más.

La segunda reforma, puesta en marcha en las mismas fechas, supuso la eliminación del muelle adosado al dique de abrigo -un proyecto de 2,5 millones de euros, aunque con un presupuesto base de licitación de 3.202.683,56- por el que se retiraron 630 metros del espaldón del primero de los tramos al perder su función de rompeolas. Los trabajos permitieron crear una explanada con sus correspondientes servicios. Aquella obra tuvo un plazo de ejecución de seis meses y se adjudicó a la unión temporal de empresas compuesta por Sacyr y Carmín.

Según explica la CNMC, desde 1992, el grupo de constructoras españolas se reunía semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. Entonces decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o algunas de ellas- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. En conjunto, las encargaban a empresas externas."Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas. Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta", se lee en la resolución.Además, en esos encuentros semanales, las empresas intercambiaban información comercial sensible (distinta de la necesaria para compartir los trabajos) como, por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.

Embarque a Tánger.

Según relata la Comisión, en el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general (hospitales, carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia. Esta llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica. "Los trabajos que compartían las constructoras eran siempre objeto de puntuación por la administración como parte de la oferta técnica. En algunos supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración".El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.Las empresas disolvieron el G7 en el año 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.

Efectos de las conductas

"Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante", subraya la CNMC, que resalta que también produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas. Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas del Grupo, se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes.Debido al gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas del Grupo, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas, estas tuvieron un gran efecto sobre la competencia. 

La CNMC declaró el archivo de las actuaciones contra la empresa Lantania.