El frente de municipios del Campo de Gibraltar afectados por los proyectos de energía fotovoltaica y la Diputación Provincial de Cádiz han reclamado este viernes a la Junta de Andalucía una moratoria que permita establecer una implantación ordenada de este tipo de iniciativas. 

La presidenta de la Diputación, Irene García, se ha reunido con los alcaldes de Castellar, Adrián Vaca; el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; el de Jimena de la Frontera, Francisco José Gómez; y el de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández; así como con el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, para analizar la situación. También ha asistido a la convocatoria el regidor del municipio malagueño de Casares, José Carrasco.

En la actualidad, en la comarca hay seis proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas promovidos por empresas privadas que afectan a territorio de estos municipios y que suman más de 3.100 hectáreas de superficie y más de 1.100 megavatios de potencia. Esos números se traducen en plantas, subestaciones y líneas de alta tensión para la evacuación que "saturan en algunos casos las proyecciones municipales", según la Diputación, y que han despertado un "amplio rechazo" por parte de colectivos y ciudadanía en general, además de la preocupación en los respectivos ayuntamientos.

La presidenta de la Diputación, Irene García, ha expuesto que la intención de la Diputación en este conflicto busca servir para “rearmar la voz de los ayuntamientos” y tender la mano para fortalecer la alianza en la comarca, en la provincia y, por extensión, en toda Andalucía con el fin de para exigir que la Junta desarrolle una planificación que permita que los municipios crezcan "que se genere empleo, favoreciendo un desarrollo sostenible, pero ligándolo todo al mantenimiento de las fortalezas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades".

La Diputación tomará la iniciativa para reclamar nuevas reuniones a la Junta de Andalucía para exigir ese plan. Además, se pedirá al Ministerio de Transición Ecológica información para saber “qué es lo que se pretende desarrollar en virtud de estas instalaciones fotovoltaicas”.

“No es un freno al crecimiento, sino la necesidad de hacer un impasse para poder desarrollar un desarrollo razonable de los municipios. Apoyamos la decisión de solicitar una moratoria a la Junta de Andalucía y se va a apoyar a los ayuntamientos afectados a la hora de plantear modificaciones en sus planeamientos urbanísticos ante la falta de recursos que tienen las instituciones locales”, ha dicho la presidenta.

Un momento de la reunión.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, en nombre del resto de autoridades, ha explicado que se ha acordado que, a través de la Diputación, se van a reiterar solicitudes de reuniones a las consejerías y los Ministerios implicados en la cuestión para que sus inquietudes sean atendidas.

Vaca ha subrayado que ninguno de los municipios está en contra del desarrollo de las energías limpias. "Sabemos que es el camino hacia la transición ecológica y la reducción de las emisiones de efectos contaminantes, pero debe hacerse de forma justa con los territorios para que nadie pierda en este camino. Hay que frenar, se debe poner en marcha la moratoria que hemos reclamado y estudiar cómo podemos transitar este trayecto de forma ordenada, de manera que no lastre a otros sectores económicos y productivos importantes en nuestros municipios como pueden ser el turístico, la agricultura o cualquier otro”, ha recordado.

Cambios en el PGOU para ganar tiempo 

Desde el Ayuntamiento de Castellar, Adrián Vaca ha anunciado que iniciará los trámites para formular una modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) llevando a Pleno la petición de Zona Especial de Protección Agrícola para defender de cualquier amenaza a su franja de desarrollo agrario.

En este municipio, los proyectos previstos en Jimena y San Roque condicionan la franja de terrenos agrícolas que quedaría ocupada por las líneas de alta tensión de evacuación de la energía, lo que llevó a los agricultores a protestar hace varias semanas en una tractorada. 

Esta misma iniciativa ha sido también barajada por el Ayuntamiento de Casares, en la vecina provincia de Málaga. “Esta modificación nos permitirá suspender durante un plazo las licencias de obras para las actuaciones programadas y nos dará margen para ordenar, permitir o no permitir, esos trazados planteados”, ha justificado Vaca.