Siete de cada diez migrantes internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y su extensión en Tarifa solicitaron asilo a su llegada a España durante el pasado año 2019, según los datos que maneja el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización que vela por los derechos de este colectivo.  

El porcentaje del 69% en los CIE del Campo de Gibraltar contrasta con el de los dos CIE de Canarias, con solo un 0,28% de solicitudes de asilo, pese a que en el archipiélago se internó el pasado año al 54% de las personas que trataron de entrar irregularmente en España, según han explicado este lunes los responsables de la entidad en la presentación en Madrid del informe Diez años mirando a otro lado.

El Servicio Jesuita a Migrantes afea al Ministerio del Interior que el informe cuente con muy pocos datos estadísticos. "Los datos obtenidos son fragmentarios, y en ocasiones no están bien identificados y las cifras obtenidas son discordantes", han denunciado.

Según los datos manejados, el año pasado fueron internadas 6.473 personas, un 18% menos que en 2018. De ellas, casi el 60% habrían sido finalmente repatriadas desde CIE.

"Las cifras sobre solicitudes de asilo no cuadran: el informe maneja la cifra de 2.164, publicada por el Ministerio. Esa cifra supondría un aumento de un 10% respecto de 2018 y un máximo histórico. Recientemente hemos tenido acceso a otra cifra distinta, también proporcionada por Interior: 1.684. Es deplorable la falta de transparencia del gobierno", han apuntado. 

En total, el SJM sostiene haber constatado graves vulneraciones de derechos de las personas extranjeras internas a través de 1.462 visitas de sus equipos a 793 personas en cinco CIE del territorio. 

Situación en los CIE del Campo de Gibraltar

El informe dedica un apartado a cada uno de los CIE de España. En el caso de la comarca, el Servicio Jesuita a Migrantes destaca que el equipo de la asociación Claver hizo 33 visitas (32 a Tarifa) con un técnico, una estudiante en prácticas y una voluntaria como intérprete de árabe.

Visitó en total a 177 migrantes, todos hombres, 112 en Algeciras y 65 en Tarifa, de los que 161 eran marroquíes (91%), 8 argelinos y uno solo de Gambia, Liberia, Reino Unido, Bélgica, Ucrania, Honduras, Cuba y Paraguay.

El 64% tenía como motivo de internamiento un procedimiento de devolución por entrada ilegal, el 21% expulsión por estancia irregular, el 9% expulsión por la previa comisión de un delito, el 5% devolución por contravenir una prohibición de entrada, no constando el motivo del 3% restante.

Entre los no marroquíes abundaban los internados al salir de un centro penitenciario; 32 manifestaron haber sido rescatados en el mar.

El equipo dio seguimiento a nueve posibles casos de menores internados, de los que tres pasaron al sistema de protección de menores, dos confesaron ser mayores de edad y cuatro casos resultaron dudosos.

"Algunos internos se quejaban de que no se les había entregado el móvil en el momento del traslado desde la comisaría al CIE. La directora del centro afirmaba haber dado traslado de la queja a la comisaría, sin éxito", recoge el informe como una de las supuestas vulneraciones de derechos junto con problemas de comunicación e interpretación en la comisaría. 

El informe resalta que el CIE de Tarifa se consolida por mantener a migrantes en 2019, si bien desde hace escasas semanas ha trascendido que finalmente no acogerá a más personas en sus instalaciones, puesto que ha cerrado definitivamente.  

Situación de los CATE

Este informe también dirige una breve mirada a los CATE (Centros de Atención Temporal a Extranjeros) y otros dispositivos de primera detención, como las salas de inadmisión de los aeropuertos. En el Campo de Gibraltar hay un CATE habilitado en San Roque. 

Los jesuitas ven "arbitrariedad y la falta de transparencia" en los criterios para derivar a unas personas a recursos de acogida humanitaria e internar en CIE a otras. También deficiencias en la asistencia letrada y en la interpretación que han sido denunciados por el Defensor del Pueblo. 

El informe apunta que en 2019 los equipos del Defensor del Pueblo giraron visita a los CATE de San Roque y Málaga, a las Instalaciones de Primera Asistencia a Personas Migrantes de los puertos de Motril y Almería y al Centro de Internamiento Temporal de Adeje.

En marzo de 2020 publicaron observaciones y recomendaciones tras las visitas de los centros de San Roque, Málaga y Almería. "El Defensor del Pueblo apreció la mejora de las instalaciones de San Roque y de Málaga al término de las obras de reforma. En cambio, observó que en Almería las personas conducidas a aquellas instalaciones duermen en colchonetas tendidas directamente sobre el suelo", según el SJM.

Presentación del informe sobre los CIE, este lunes en Madrid.

El SJM sostiene que el Gobierno y las instituciones "siguen mirando hacia otro lado ante la realidad que acontece en los CIE, haciendo oídos sordos a la llamada de la sociedad civil, del Defensor del Pueblo y de los juzgados de control, que exigen una mirada crítica y de frente, denunciando un modelo insostenible".

Los jesuitas reclaman una vez más el cierre de los CIE, o al menos, en el caso de que se reabran, que se garanticen los derechos humanos y se restrinja su uso a casos muy excepcionales, como último recurso tal y como la ley prevé.

"Durante la pandemia de la covid-19 que aún vivimos, España ha podido vivir con los centros de internamiento vacíos sin que se rompan sus costuras", han valorado.

La inminente apertura de fronteras genera preocupación e inquietud, en la medida en la que la posibilidad de ejecutar de nuevo las órdenes de expulsión y de devolución mueva al Gobierno a valerse de nuevo del internamiento. El SJM considera que es tiempo de políticas que faciliten procesos de regularización e impidan situaciones de irregularidad sobrevenida: a nuevos tiempos, nuevas políticas.