Jucil aplaude la condena del TSJA al petaqueo, pero reclama un marco legal uniforme en toda España

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha valorado de forma “muy positiva” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a prisión a un petaquero por la tenencia y transporte ilegal de grandes cantidades de gasolina destinadas al narcotráfico, aunque advierte de que el objetivo final debe ser la existencia de un marco legal claro, firme y homogéneo en todo el territorio nacional.

La resolución judicial, que revoca la absolución dictada previamente por la Audiencia Provincial de Cádiz y aplica el artículo 568 del Código Penal, supone para Jucil un respaldo directo a una reivindicación histórica del colectivo: considerar el petaqueo como una actividad esencial dentro de la logística del narcotráfico y no como una simple infracción administrativa.

La asociación subraya que sin el suministro constante de combustible, las organizaciones criminales no podrían operar con narcolanchas, por lo que sancionar estas conductas únicamente con multas resulta claramente insuficiente. Jucil considera que la sentencia refuerza la seguridad jurídica de los agentes, que actúan diariamente frente a vehículos, embarcaciones y almacenes cargados con cientos o miles de litros de gasolina, asumiendo riesgos evidentes tanto para su integridad física como para la seguridad ciudadana.

No obstante, la asociación advierte de que esta línea jurisprudencial, aunque positiva, no basta si no va acompañada de una reforma legal que evite interpretaciones dispares según el territorio. A su juicio, la ausencia de una regulación uniforme permite que las redes criminales sigan aprovechando vacíos normativos para mantener su estructura logística. Por ello, insiste en la necesidad urgente de reformar el Código Penal para tipificar expresamente el petaqueo o, al menos, clarificar definitivamente la aplicación del artículo 568 y cerrar cualquier puerta a la impunidad.

Falta de medios y efectivos en zonas clave

Jucil recuerda además que la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar continúan siendo algunas de las zonas más castigadas por el narcotráfico, una presión que se ha ido extendiendo a otras áreas costeras de Andalucía. Sin embargo, denuncian que lejos de reforzarse los efectivos, se ha producido una redistribución interna tras la desaparición de OCON-Sur, trasladando agentes a otras unidades sin que ello suponga un aumento real de personal, debilitando así áreas operativas esenciales.

A esta situación se suma, según Jucil, la carencia de medios materiales adecuados, con embarcaciones inservibles, vehículos con más de 250.000 kilómetros y sin sistemas de seguridad antiempotramiento, así como la entrega de coches eléctricos o híbridos que consideran inadecuados para las exigencias operativas frente al crimen organizado.

Por todo ello, la asociación insta al Ministerio del Interior a reconocer la gravedad real del problema y a adoptar medidas urgentes: refuerzo efectivo de personal, dotación de medios adecuados, declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) y la recuperación de una estructura operativa específica que permita una respuesta eficaz, sostenida y segura contra el narcotráfico.