La huelga de los letrados de la Administración de Justicia paralizará los juzgados el 9 y 10 de marzo

Los letrados de la Administración de Justicia del Campo de Gibraltar volverán a secundar una huelga convocada a nivel nacional este miércoles y jueves, 9 y 10 de marzo, en demanda de mejores condiciones laborales. La movilización parte de la asociación Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y se espera una participación masiva, como ya ocurrió el pasado 26 de enero, por lo que la actividad en los juzgados quedará reducida a los asuntos más urgentes.

Los letrados de la Administración de Justicia -antes conocidos como secretarios judiciales- son básicamente los coordinadores de los juzgados y asumen algunas funciones que hasta 2009 ejercían los jueces. Son los encargados de firmar resoluciones y notificaciones y durante estos dos días de huelga solo se harán las esenciales.

El Ministerio de Justicia fijará unos servicios mínimos para cubrir las necesidades más urgentes. Cada juzgado cuenta con un letrado, que se encarga de dirigir a los funcionarios.

La movilización del pasado 26 de enero sirvió para que el Ministerio de Justicia atendiera alguna de las demandas planteadas, como el pago de un fijo de 195 euros, aunque se acepta "solo como un anticipo y parte de la reclamación económica exigida por los letrados para ver compensada la asunción de funciones que se han atribuido en los últimos 15 años". También se convocaron las oposiciones que llevaban paralizadas varios meses ante el aumento de plazas vacantes que existen en el cuerpo, aunque han sido paralizadas, según denuncia la UPSJ, por un recurso presentado por CCOO.

Las demandas que no han visto satisfechas los secretarios judiciales son un acuerdo "escrito, tangible y ejecutable" para seguir avanzando en 2022 y 2023 en la adecuación salarial, "de manera que se produzca una equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular, con los de la Administración de Justicia". En la misma línea, piden la inmediata entrada en vigor del Real Decreto 101/2019, que regulaba el régimen de sustituciones voluntarias del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia.

Otras reivindicaciones son el inmediato establecimiento del complemento para los nuevos encargados del Registro Civil, que garantice que perciban lo mismo que el hasta ahora encargado y el impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas por el Ministerio. Estas son la modificación del reglamento, sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado, plan de prevención de riesgos laborales, etc.