Conflicto Laboral

La huelga de funcionarios de la justicia atasca los juzgados del Campo de Gibraltar

Una concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la sede la Audiencia Provincial en Algeciras, en abril.

Una concentración de los funcionarios de Justicia en la puerta de la sede la Audiencia Provincial en Algeciras, en abril. / Erasmo Fenoy

La huelga indefinida que los funcionarios de Justicia emprendieron el pasado 22 de mayo para forzar una negociación de sus reivindicaciones de mejoras retributivas y de condiciones de trabajo mantiene colapsados los juzgados del Campo de Gibraltar. En las oficinas judiciales de la comarca se acumulan miles de procedimientos y centenares de aplazamientos de juicios, mientras que el Ministerio sigue sin sentarse con los sindicatos para encontrar una solución, según lamenta la representación de los sindicatos en la comarca.

Manuel Lobato, responsable provincial del Sector de Justicia de CSIF Cádiz, calcula que entre 500 y 600 juicios se han aplazado en Algeciras, La Línea y San Roque en las ocho semanas que lleva la huelga indefinida. Los expedientes suspendidos pueden alcanzar los 160.000, de los 500.000 que hay paralizados en toda la provincia.

Un ejemplo. En la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial, el macrojuicio contra los Castañas lo acapara todo. No puede suspenderse porque al ser una causa con detenidos, entra dentro de los servicios mínimos. El resultado es que todos los funcionarios están dedicados sólo a este proceso y el resto del trabajo está sin atender desde hace más de 50 días, explica Clara Leal, responsable comarcal de CCOO para la Justicia.

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras sólo se han celebrado juicios una jornada desde el pasado 17 de abril. Fue el día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones generales y parecía que se iba a levantar la huelga. No fue así y el atasco sigue haciéndose más y más pronunciado desde entonces. Los juzgados de lo Contencioso de Algeciras están a la cabeza de actividad en toda Andalucía, ya que, por ejemplo, se encargan de las expulsiones por la Ley de Extranjería.

En el Campo de Gibraltar hay 295 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia. De ellos 213 trabajan en Algeciras, 46 en La Línea, 28 en San Roque y los 8 restantes, en los Jugados de Paz. Según explican los sindicatos, entre el 60% y el 70% están secundando la huelga, cuya afección depende de los días y de los turnos. 

Como los del resto de España, reclaman una subida salarial "digna", en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. "Nos están queriendo desgastar, pero vamos a llegar hasta el final y esto no va a tener solución mientras nos sigan ninguneando", subraya Lobato. 

Este viernes, los sindicatos del comité de huelga han presentado un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigue si la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Pilar Llop y Tontxu Rodríguez, respectivamente, han cometido alguna ilegalidad por bloquear la negociación del conflicto.

CSIF, CCOO, UGT y STAJ presentan un escrito en la Fiscalía del Supremo para que investigue si la ministra y el secretario de Estado comenten una ilegalidad por bloquear las conversaciones

El ambiente está cada vez más enrarecido. En Madrid, en la sede del Ministerio, cinco miembros del comité de huelga mantuvieron un encierro desde la tarde del martes hasta el viernes para reclamar una negociación que no sólo o llega, sino que cada vez parece más lejana. Los representantes de CSIF, CCOO, UGT y STAJ decidieron encerrarse después de que Rodríguez abandonara la reunión, según los sindicatos "de forma abrupta y unilateral". 

Para colmo, los sindicatos han denunciado que el ministerio no permite que se les haga llegar comida a los encerrados. Uno de ellos ha tenido que ser atendido este viernes por facultativos del Servicio de  Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) al encontrarse indispuesto. "No se puede tener a cinco personas sin comer porque se le prohíba el acceso de alimentos. La situación empieza a ser muy dramática y afecta a su estado físico y mental", ha advertido el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.

Sobre una posible denuncia a la ministra por coacción y trato degradante, Jordan explica que los sindicatos están "analizando la situación". "Al principio parecía que iba a ser una cuestión bastante fácil pero es más compleja de lo que parece", subraya. "La estamos estudiando muy seriamente porque creemos que es un trato degradante e inhumano el negar la comida a unas personas para hacerles hincar la rodilla y que abandonen su empeño de defender los derechos de los trabajadores", concluye.

Fuentes sindicales han asegurado que el Ministerio aún no les ha convocado a un nuevo encuentro y que tienen la intención de continuar el encierro y su calendario de movilizaciones, con concentraciones ante la sede de Justicia y el viernes, ante la del PSOE.

Tras los acuerdos retributivos alcanzados por el Ministerio con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios exigen mejoras salariales de entre 350 y 430 euros al mes así como la negociación de cualquier ley que afecte a sus condiciones de trabajo.

Los sindicatos lamentan que el Ministerio solo haya ofrecido el compromiso de negociación del reconocimiento de funciones con incremento retributivo con el nuevo gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio, lo que tachan de "burla" y propuesta "absolutamente insuficiente".

En su último comunicado el comité de huelga insiste en su petición de "funciones claras y retribuciones justas" y denuncia que "los altos cargos del Ministerio de Justicia han dejado tirados" a los representantes de los funcionarios. Añaden que siguen sin tener interlocutor válido para afrontar la salida negociada al conflicto que comenzó el 17 de abril con paros parciales y que se ha convertido en una huelga indefinida desde el 22 de mayo.

Desde que comenzó el encierro, explican, "el Ministerio de Justicia no ha sido capaz de presentar propuesta alguna ni dar la cara". Por ello los sindicatos han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que tome las riendas y nombre un interlocutor válido para solucionar este conflicto que está llevando al colapso de la justicia en perjuicio de la ciudadanía".

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