España y Gibraltar firman un acuerdo inédito que permitirá rastrear bienes inmuebles para combatir la evasión fiscal

Los gobiernos de España y Gibraltar se asociarán, junto a una veintena de países, para implementar el último marco de transparencia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pretende facilitar, por primera vez, el intercambio automático de información sobre bienes inmuebles para combatir la evasión y elusión fiscal en el extranjero.

Esta medida llega cuando el Gobierno español mantiene al Peñón en su lista de paraísos fiscales. Así seguirá, según explicó a primeros de noviembre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hasta que se firme el Tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido en relación con el estatus futuro de la Roca tras el Brexit, que sigue en su fase de negociación.

España y Reino Unido ya firmaron un acuerdo Internacional sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros en relación con Gibraltar que entró en vigor el 4 de marzo de 2021 y establece criterios para determinar la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, así como una mayor cooperación administrativa y de intercambio de información. Este acuerdo pretendía evitar la doble imposición y luchar contra prácticas fiscales perjudiciales.

El Parlamento Europeo apoyó la retirada de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea en julio de 2025, tras los pasos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), vinculado a la OCDE, que sacó al Peñón de su lista gris en 2024, a partir de un largo escrutinio por parte de la asesora oficial MoneyVal.

Este jueves, España y Gibraltar han firmado una declaración conjunta para el intercambio automático de información entre autoridades fiscales sobre bienes inmuebles, como terrenos y edificios, y propiedades de sus residentes en otras jurisdicciones.

Este mecanismo de transparencia mejorado -denominado Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Disponible sobre Bienes Inmuebles (IPI MCAA, por sus siglas en inglés)- "apoyará una administración tributaria más justa y eficaz, al tiempo que fortalecerá la colaboración internacional". Junto a ellos rubrican el documento Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Corea, Lituania, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia y Reino Unido.

Declaración conjunta

En la declaración conjunta, estos países explican que "en los últimos años, los desarrollos en política fiscal han mejorado significativamente el intercambio transfronterizo de información fiscal y la cooperación internacional entre administraciones fiscales, combatiendo la evasión fiscal offshore y el secreto fiscal sobre cuentas financieras". "Esto incluye garantizar transparencia a través del intercambio automático de activos financieros (mediante el Estándar Común de Reporte) y criptoactivos (mediante el Marco de Reporte de Criptoactivos)", continúa, antes de subrayar que "a pesar de estos avances significativos" en el intercambio automático de información, aún no existe un mecanismo para que las jurisdicciones intercambien información sobre activos no financieros, especialmente bienes inmuebles.

"Reconociendo que la propiedad y las transacciones que involucran bienes inmuebles a menudo tienen elementos transfronterizos, reconocemos la necesidad de mejorar los mecanismos para asegurar que las autoridades fiscales tengan acceso a la información relevante sobre bienes inmuebles y los ingresos derivados de los mismos en el extranjero, a fin de aplicar efectivamente las leyes fiscales. Por lo tanto, damos la bienvenida al nuevo Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información Disponible sobre Bienes Inmuebles (IPI MCAA) desarrollado por la OCDE", apostilla.

Los firmantes consideran que la adopción generalizada del IPI MCAA "es un paso importante hacia la transparencia fiscal sobre activos no financieros" y se comprometen a ponerlo en marcha "para 2029 o 2030". "Fortalecerá nuestra capacidad para supervisar y aplicar el cumplimiento fiscal y combatir la evasión fiscal, que socava los ingresos públicos y desplaza injustamente la carga tributaria hacia los contribuyentes cumplidores", concluye tras alentar a otras jurisdicciones a unirse a esta iniciativa "en el esfuerzo colectivo por promover la transparencia, la equidad y la eficiencia en la tributación global".