La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia en la tarea de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Su principal finalidad es la persecución de los resultados del delito, para conseguir la asfixia económica de la delincuencia organizada, evitando que los delincuentes puedan beneficiarse económicamente de los resultados de sus delitos y permitiendo que dichos resultados reviertan en fines sociales y de ayuda a las víctimas. A comienzos de mes comenzó a funcionar una delegación en Algeciras. Depende del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, de la que es máxima responsable Sofía Duarte Domínguez.

-¿Cuál es el ámbito de actuación geográfica de la ORGA inaugurada en Algeciras?

-La nueva sede desplazada de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se ha ubicado en Algeciras en el marco del Plan Integral del Gobierno de ayuda al Campo de Gibraltar, pero su vocación tiene un ámbito territorial mucho más amplio. No sería eficiente que una oficina de esta envergadura prestase servicios a un número tan reducido de órganos judiciales. La intención del Ministerio es que apoye a todos los juzgados y fiscalías de Andalucía, Ceuta y Melilla, así como a la Audiencia Nacional en aquellos delitos que por su ámbito territorial tengan relación con esta área.

-Con qué personal cuenta y cuáles son los perfiles profesionales de sus integrantes.

-Para poder hacer frente a las funciones que tiene encomendadas, la ORGA se estructura como un órgano multidisciplinar en la que trabajan profesionales con unos perfiles muy variados. Hay personal procedente de los cuerpos de funcionarios que han prestado servicio en juzgados y tribunales. La Oficina de Algeciras cuenta con ocho funcionarios de este perfil. También contamos con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con experiencia en investigación patrimonial. En concreto, se han incorporado a la Oficina de Algeciras cuatro guardias civiles y cuatro policías nacionales con esta especialización. Se incorporarán también técnicos de la Agencia Tributaria y de Vigilancia Aduanera.

-¿Cómo se desarrolla la colaboración en los casos concretos de Marruecos y Gibraltar? ¿Se da España por satisfecha con los resultados de esa colaboración? ¿Qué se podría hacer para mejorarla?

-La actuación internacional de la ORGA es imprescindible puesto que la actividad de la delincuencia organizada es absolutamente supranacional. Es por ello que, a través de diversas redes internacionales, la ORGA tiene convenios con más de cien países entre los que se encuentran Marruecos y el Reino Unido. Esta colaboración está dando excelentes resultados, especialmente en materia de localización de bienes fuera del territorio nacional, aunque ello implique que dependamos de la rapidez y buen funcionamiento de los sistemas a los que requerimos colaboración. En este sentido, en algunas peticiones internacionales se han producido demoras cuando el país no responde con la celeridad que requieren procedimientos tan delicados. Sería conveniente una mejora en los tiempos de respuesta, que no puede hacerse unilateralmente por el Ministerio de Justicia, que sí participa activamente en todos los foros internacionales en los que se trata esta materia.

-¿Qué recorrido siguen los bienes incautados?

Es importante aclarar que, en el ámbito de la gestión, la ORGA solamente actúa por encomienda del juzgado, por tanto, el recorrido de los bienes incautados será el que determinen, en su caso, tanto el juez como el letrado de la Administración de Justicia. Dicho esto, el depósito de determinados bienes como vehículos o embarcaciones ocasiona su devaluación y, en paralelo, la generación de gastos de almacenamiento. Por este motivo, la oficina intenta fomentar la venta anticipada y lo más rápida posible de este tipo de bienes para obtener de los mismos el máximo rédito, dejando a disposición de la resolución judicial que resuelva el asunto, el dinero obtenido con estas ventas.

-Hay una saturación de los depósitos de vehículos incautados y, que se conozca, no hay ubicaciones alternativas aún. Esto es competencia de la Junta de Andalucía, ¿pero cómo repercute eso en la ORGA? Hay un deterioro lógico de los bienes incautados por el paso de los años que hace que pierdan valor y hace difícil su devolución o subasta.

-Efectivamente, la ORGA tiene por finalidad localizar los bienes y, una vez intervenidos o embargados judicialmente, gestionarlos y en su caso venderlos, pero no está entre nuestras competencias el mero depósito de los bienes cuando no implica gestión o venta. En la medida en que la ORGA es un órgano auxiliar de los órganos judiciales, puede proponer la realización anticipada de los vehículos y embarcaciones, pero corresponde en última instancia al órgano judicial acordarla. Si ésta no se acuerda, los bienes quedan frecuentemente depositados durante todo el proceso judicial, con la generación consecuente de gasto que ya hemos comentado. De este modo, si no se ha hecho una gestión eficiente de los bienes y después se encomiendan a la oficina, cuando finamente se intenta la enajenación, la misma puede producir unos resultados ineficientes si el producto de la venta no llega ni siquiera a cubrir el gasto que ha supuesto de depósito.

-¿Cómo funciona el mecanismo para utilizar esos bienes para indemnizar a las víctimas y destinar fondos a las asociaciones que trabajan con ellas? ¿Están satisfechos? 

-El pasado 10 de enero, la ORGA ingresó en el Tesoro Público un total de 2.157.011,84 euros procedentes de bienes decomisados en procesos judiciales concluidos en 2018. Una vez satisfechas las indemnizaciones a las víctimas y deducidos los gastos de la Oficina, el 50% de este montante, que son cerca de 954.000 euros, se destinará a programas de atención a víctimas del delito y de mejora de la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como se acordó en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo. De ese reparto se encarga la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito. Todas las estadísticas de resultados de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, se publican en abierto en la página web del Ministerio de Justicia, para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de la actividad de la ORGA.

-¿Es ágil el proceso para reutilizar por parte de las fuerzas de seguridad los bienes incautados? ¿Se puede mejorar?

Creo que el sistema es verdaderamente ágil y eficiente. El Código Penal español prevé que el juez autorice el uso provisional de estos bienes y la ORGA determine a quién se entrega. En la práctica, el supuesto más frecuente es la adjudicación del uso de vehículos y embarcaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que se autoriza por el juez, una vez que se comprometen a adoptar las medidas de conservación adecuadas, la entrega a estos cuerpos es prácticamente inmediata.

-¿Sigue la ORGA el modelo de algún otro país?

-Sí, la mayoría de los países de la Unión Europea cuenta con oficinas como la ORGA, en cumplimiento de una directiva de 2007. Sin perjuicio de las peculiaridades de cada Estado miembro, el sistema se basa en una serie de pilares comunes relativos al decomiso de los bienes procedentes de delito por los órganos judiciales, el establecimiento de órganos de carácter nacional puestos al servicio de la administración de justicia, la búsqueda de la asfixia económica de los delincuentes y conseguir que reviertan en la sociedad los resultados de los delitos. En la actualidad, la Red ARO, de la que forma parte España, engloba a todas estas organizaciones que se reúnen anualmente en Bruselas para la unificación de criterios, intercambiar experiencias y establecer lazos que faciliten la interconexión estatal en esta materia.

-¿Cuál es el tiempo medio que requiere una investigación de este tipo?

-Con carácter general, las investigaciones resultan sumamente rápidas dado que se realizan por el personal más experto posible en cada caso. Se consigue así reducir el tiempo que implicaría intentar esa misma averiguación por el propio juzgado, accediendo a bases de datos a las que no llegan los órganos judiciales o fiscales. No obstante, es muy difícil fijar un tiempo medio, pues cada investigación se ve afectada por múltiples variables, como el número de investigados, si se trata de personas físicas o jurídicas, el entramado societario que puede interponerse para evitar el acceso a la titularidad de los bienes, la existencia de testaferros, etc.

-¿Cuál es la principal dificultad?

-Son varias las dificultades con las que se encuentran nuestros equipos de investigación, ambas íntimamente ligadas entre sí. Por una parte, la realidad supranacional que supone la deslocalización de los patrimonios de las redes de delincuencia organizada, amparada en determinados supuestos por la opacidad de algunos paraísos fiscales. Por otra, la averiguación de los patrimonios reales. Es relativamente sencillo determinar qué bienes tiene a su nombre una determinada persona, pero el objetivo se complica cuando lo que se pretende es encontrar bienes que, figurando a nombre de otras personas, realmente pertenezcan al investigado, a través de un imbricado sistema de sociedades pantalla. Otra dificultad es la especial volatilidad de ciertos bienes circunscritos a mercados de difícil acceso y público restringido, como ocurre por ejemplo con las criptomonedas, que cada vez encontramos con más frecuencia en el patrimonio de las organizaciones criminales.