Condenado tras más de una década el último miembro de una red de narcotráfico que operaba en el Estrecho

Algeciras/La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha cerrado un capítulo que comenzó hace más de una década, al condenar al último acusado de una organización dedicada al tráfico internacional de hachís. El ceutí, considerado cooperador necesario, ha sido sentenciado a dos años de prisión por un delito contra la salud pública, con la atenuante de dilaciones indebidas. Además, deberá abonar una multa de 150.000 euros, según informa este martes El Faro de Ceuta.

El caso, que se remonta a los años 2011-2013, destapó una red de españoles y marroquíes que operaban de forma jerárquica y organizada para introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos y distribuirlas en España y otros países europeos. La investigación fue liderada por el equipo contra el crimen organizado (ECO) de la Guardia Civil en Málaga, y culminó con la detención de ocho integrantes del grupo. Siete de ellos aceptaron condenas en mayo de 2024, incluidas penas de hasta tres años para el líder.

El papel del condenado y cómo operaba la red

El ahora condenado tenía un rol clave en la organización. Su principal tarea era la provisión de medios de transporte para el traslado de la droga. Según se recoge en la sentencia, adquirió y pilotó una moto náutica utilizada para introducir hachís en la península a través del Estrecho de Gibraltar. Además, gestionaba la compra de embarcaciones y coordinaba los trámites necesarios para ocultar la droga en vehículos que cruzaban desde Marruecos.

La red operaba bajo una estricta jerarquía. Los líderes diseñaban las operaciones, que incluían desde la adquisición de embarcaciones hasta la distribución de la mercancía en Europa. La moto náutica comprada en Murcia fue utilizada en varias operaciones entre 2012 y 2013. Una de ellas, el 10 de septiembre de 2012, consistió en el transporte de 30 kilos de hachís desde Marruecos hasta España. Sin embargo, la presión policial llevó a cancelar algunas de estas actividades.

El golpe definitivo llegó el 3 de febrero de 2013, cuando la Guardia Civil interceptó un intento de embarque de droga en la Marina Casares, en Manilva (Málaga). En ese momento, el condenado negociaba con un grupo de compradores franceses.

El proceso judicial ha tardado más de diez años en completarse desde que los hechos ocurrieron. Esta demora, reconocida como atenuante muy cualificada, ha influido en la reducción de las penas impuestas. Sin embargo, la sentencia subraya la gravedad de las conductas delictivas, especialmente el uso de embarcaciones para el transporte de sustancias ilícitas.