El juez concluye la instrucción del caso de La Gertrudis e insiste en ver delitos

El juez que instruye el caso de La Gertrudis, que analiza supuestos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en la concesión de la licencia municipal de obras con la que se hicieron desmontes en esta parcela de Los Barrios, ha concluido la instrucción y dictado un auto por el que se transforman las diligencias previas en un procedimiento abreviado.

El auto -al que ha tenido acceso Europa Sur y fechado el pasado 3 de abril- insiste en ver indicios de delito en la decisión de la junta de gobierno local encabezada por el exalcalde Alonso Rojas (PSOE) que concedió el permiso en 2006. El juez da traslado de esta decisión al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formulen sus escritos de acusación y soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias. Contra la resolución cabe posibilidad de recurso de reforma y reposición, si bien fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguraron que no supondría una paralización del proceso, por lo que todo apunta a que se acabará ordenando la celebración de una vista oral.

Por lo tanto, se mantiene en vigor la imputación del exalcalde socialista Alonso Rojas y otros cuatro miembros de aquel gobierno por supuestos delitos de prevaricación, contra los recursos naturales y el medio ambiente. Dos técnicos municipales también están imputados por estos hechos que fueron denunciados en su momento por grupos ecologistas (Agaden), el Partido Andalucista de Los Barrios y varios ciudadanos a título particular.

La imputación de los anteriores cargos públicos se produjo a finales de 2011, tal y como publicó Europa Sur en enero de 2012. Como se recordará, los entonces responsables del gobierno barreño Alonso Rojas (como alcalde) y los ediles Yolanda Peinado, Antonio Rodríguez, Pilar Olivares y Miguel Ángel Rodríguez resultaron imputados como consecuencia de las diligencias iniciales. En mayo del pasado año declararon al amparo de las diligencias previas, al igual que los técnicos. Sólo Olivares ocupa en estos momentos cargo político en la actual corporación municipal.

El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras recoge además todas las gestiones desarrolladas desde la primera denuncia, formulada por un particular en agosto de 2007. En aquella denuncia se alertaba de desmontes en La Gertrudis, donde el Ayuntamiento proyectaba un parque tecnológico, que estarían afectando a una masa de árboles. Entre las actuaciones desarrolladas desde entonces destaca la paralización de los trabajos (16 de enero de 2009). El juez también recoge que tras la primera denuncia, otros tribunales también recibieron denuncias por estos hechos, luego agrupadas por el número 1.

El auto recuerda que centradas ya las actuaciones en el juzgado, la instrucción avanzó a partir de junio de 2010 con el requerimiento de información a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Los Barrios. Por medio de las últimas se identificó a los miembros de la junta de gobierno que dieron el permiso, así como a los técnicos responsables de los informes y el proyecto.

La Junta de Andalucía aportó información con la que se determinó que hubo una alteración del perfil del suelo y que se sancionó y obligó a reponer arbolado. Además, la Consejería de Obras Públicas también informó de que las obras excedían ampliamente las de acondicionamiento y desbroce que se suponían y, sobre todo, que en el momento de la concesión del permiso el suelo estaba clasificado como no urbanizable especialmente protegido (ya que en esos momentos estaba en vigor el PGOU de 1986, y no el que se aprobó en 2008).

Para el juez, existe una "inobservancia flagrante de los más elementales trámites de concesión de licencias". Así mismo, considera que los distintos informes de Medio Ambiente aluden a una objetiva puesta en peligro de recursos naturales con ocasión de las primeras obras iniciadas.

"Transmiten una consciente abstracción, por los imputados, respecto al perjuicio que engendraba su decisión profesional o política en el sensible plano de la necesaria salvaguarda del medio ambiente en una zona objeto de especial protección, cuando de desarrollo urbanístico se trata", reza el auto. Además, considera que la circunstancia "ordenada o apoyada, a la fecha de los hechos, nada menos que el gobierno local y asesoramiento técnico en Los Barrios, merece singular reproche desde el punto de vista de la valoración de la injusticia de la acción imputada".