La educación concertada y privada del Campo de Gibraltar ha secundado este miércoles la convocatoria a las puertas de cada centro educativo, y de espaldas a la calle, de dos minutos de silencio en contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de la Educación (Lomloe), también conocida como Ley Celaá. Seguidamente, en todos los centros participantes, en Algeciras, La Línea y San Roque, se ha leído el manifiesto elaborado por la Plataforma a nivel nacional en contra de la Lomloe.

A estas protestas estaban llamados todos los integrantes de la comunidad educativa: las familias, los equipos directivos, los profesores, el Personal de Administración y Servicios (PAS) y los alumnos.

La convocatoria de estos actos en Andalucía corresponde a Escuelas Católicas de Andalucía, Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía), la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en la Plataforma de Concertados.

"La norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo", sostienen.

"Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza", han esgrimido las asociaciones y sindicatos convocantes.

Los convocantes trasladan que "patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la Lomloe, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido". En relación al momento elegido, esgrimen que "su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico".

Los representantes de la concertada y privada estiman que la Lomloe supone "un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas".

Con la eliminación de la demanda social para la programación de los puestos escolares, sostienen que se "concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos".

Otro reproche de la educación concertada y privada se dirige hacia lo que describe como "un derecho a la educación pública, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados".

Estiman que la Lomloe "lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos".

Otro reproche se encamina a denunciar que se postergue "aún más la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres".