Cinco años de prisión para el conductor y el dueño del autobús sin frenos que mató a cuatro personas en Cádiz

La Fiscalía de Cádiz solicita cinco años de prisión para el propietario y el conductor del autobús que el 9 de octubre de 2023 arrolló a cuatro personas a la entrada de la capital gaditana, causando su muerte. El vehículo, en el que viajaban estudiantes, perdió los frenos en la avenida de Las Cortes tras descender a gran velocidad por el puente de la Constitución de 1812. El Ministerio Público acusa a ambos procesados de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y solicita también la inhabilitación para ejercer sus respectivas profesiones durante ocho años.

Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso EFE, el autobús implicado —un Iribus Andecar V matriculado en 2007 y perteneciente a la empresa Medina Travel Bus— arrastraba desde 2021 "graves anomalías en el sistema de frenado" que el propietario, también administrador de la empresa, "reparaba de forma superficial para obtener el informe favorable de la ITV", pero sin garantizar un mantenimiento real del vehículo. El fiscal sostiene que, lejos de tomar medidas, el empresario permitió que el autobús siguiera prestando servicio "en condiciones de riesgo manifiesto" para los pasajeros y los peatones.

Durante al menos cuatro meses, entre abril y agosto de 2023, el vehículo circuló sin pasar la inspección técnica obligatoria, periodo en el que realizó 129 servicios. Cuando finalmente acudió a la ITV, el 18 de agosto, obtuvo un informe favorable a pesar de presentar un desequilibrio en las fuerzas de frenado. Esta deficiencia leve no fue subsanada, y en lugar de repararla, el acusado ordenó una manipulación deliberada del sistema de frenos del eje trasero para mantener el autobús en circulación. La Fiscalía considera que esa alteración agravó el mal estado del vehículo, dejándolo con una capacidad de frenado inferior al 23%, y con un desequilibrio del 43% entre las ruedas del eje motriz.

Un accidente anunciado

El día del siniestro, el conductor —segundo acusado en la causa— había incumplido el descanso semanal obligatorio y ya había realizado un servicio escolar entre Medina Sidonia y Barbate. A las 15:00 recogió en Jerez a 23 estudiantes con destino a la Facultad de Medicina de Cádiz. Circulando por la CA-35, tomó el puente de la Constitución a 105 km/h, desatendiendo las señales que marcaban reducciones progresivas de velocidad (100, 70 y 40 km/h). El fiscal subraya que el conductor era "plenamente consciente del estado defectuoso del sistema de frenos" y, aun así, no actuó con la diligencia debida.

A la altura de la glorieta Miguel Ángel Blanco, perdió el control del autobús, que invadió la mediana, cruzó el carril contrario y terminó sobre la acera. Allí atropelló a dos jóvenes de 17 y 19 años que esperaban en un paso de peatones, a una mujer de 60 y a un hombre de 86 que falleció días después en la UCI del hospital Puerta del Mar. Además, varios pasajeros resultaron heridos leves y un coche aparcado fue dañado, cuyo ocupante sufrió un cuadro de estrés postraumático.

El Ministerio Público sostiene que el conductor no solo iba a velocidad excesiva y distraído, sino que tampoco aplicó el freno de servicio con la presión necesaria, lo que, pese a estar deteriorado, habría permitido detener el vehículo antes de la glorieta. Al empresario, por su parte, lo acusa de haber permitido conscientemente la circulación del vehículo en un estado que lo hacía inhabilitado para transitar.

Responsabilidad civil y posibles delitos adicionales

Ambos acusados se enfrentan también a la retirada del derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena. En cuanto a la responsabilidad civil, la aseguradora Patria Hispana S.A. figura como responsable directa de las indemnizaciones, que en conjunto rondan el medio millón de euros. La compensación más elevada, de 142.000 euros, corresponde a la única familiar de una de las víctimas mortales. Los pagos cubren tanto los daños personales como materiales sufridos por las víctimas, sus familias y el propio Ayuntamiento de Cádiz, y muchos de ellos ya han sido abonados total o parcialmente.

Además, la Fiscalía ha solicitado que se deduzca testimonio para investigar una posible falsificación documental en los registros de los tiempos de descanso del conductor, así como que se informe de la futura sentencia a las autoridades de tráfico competentes para su ejecución y control.

El juicio, que aún no tiene fecha señalada, podría sentar un precedente en materia de responsabilidad penal por negligencias en el mantenimiento de vehículos de transporte colectivo.