Diafragma 2.8
Paco Guerrero
De facilidades
El brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Cataluña ha activado todas las alarmas en Andalucía, una comunidad que se mantiene libre de la enfermedad desde 1995, pero que afronta ahora un escenario de máxima vigilancia. El Campo de Gibraltar, que cuenta con 100 explotaciones porcinas, es una zona superpoblada de jabalíes y cerdos asilvestrados, que incluso suelen hacer acto de presencia en áreas urbanas cercanas a los dos parques naturales con los que cuenta la comarca, Los Alcornocales y del Estrecho.
Aunque la PPA no representa ningún riesgo para la salud humana, sí puede tener consecuencias devastadoras para el sector porcino y para la economía andaluza. Por ello, la Junta ha intensificado las medidas preventivas en coordinación con ganaderos y ayuntamientos y el pasado viernes publicó una resolución en el BOJA por la que se declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados a raíz de este brote, actualizando el Decreto de emergencia cinegética temporal publicado el 13 de junio de 2025 para la actual temporada de caza. Esta normativa permite sacrificar o capturar ejemplares silvestres y está vigente desde 2014 debido a la proliferación de esta especie, cuya población se ha cuadruplicado en España en los últimos 20 años. Además, se enmarca dentro del esfuerzo para cumplir con el Plan Nacional de gestión a medio/largo plazo de poblaciones de jabalíes, aprobado en 2021, orientado a reducir densidades excesivas que incrementan el riesgo de propagación de enfermedades.
El decreto de diciembre mantiene el marco general del de junio, pero introduce un escenario de emergencia sanitaria debido a la PPA. Esto combina flexibilización administrativa para los cazadores con controles epidemiológicos más estrictos y capacidad de intervención directa de la Administración, priorizando la protección de la ganadería y la prevención de la enfermedad. Se mantienen algunas de las medidas del anterior, como la suspensión de repoblaciones de jabalíes en terrenos cinegéticos, las modalidades de caza durante el período hábil mediante aguardos, recechos, capturas en vivo y batidas de gestión, la actuación frente a daños a cultivos, ganadería extensiva y seguridad vial, los requisitos de comunicación previa a la administración y la eliminación de subproductos según los protocolos de sanidad animal.
Entre las novedades del decreto de diciembre se permite la caza fuera del período hábil en cualquier terreno cinegético. Además, se autoriza el uso de visores nocturnos y térmicos acoplados a armas durante aguardos nocturnos, siempre con autorización nominativa del titular del coto. El decreto también regula la alimentación de los jabalíes de forma más estricta.
Se subraya la prioridad de abatir hembras adultas y subadultas fuera del período hábil, con obligación de registrar que al final de la temporada se haya abatido un mayor número de hembras que de machos para poder obtener futuras autorizaciones. Se establecen además reglas específicas para terrenos no cinegéticos, diferenciando entre terrenos urbanos y rústicos, limitando los capturaderos a un máximo de dos cazadores y estableciendo una distancia mínima de 150 metros entre puestos.
La Administración podrá intervenir directamente en terrenos públicos y, de forma excepcional, en privados cuando se considere imprescindible para reducir riesgos. Asimismo, los titulares de autorizaciones deberán comunicar cualquier sospecha de enfermedades infecciosas en jabalíes o cerdos asilvestrados en un máximo de 24 horas, reforzando la vigilancia epidemiológica. El decreto será vigente hasta el final de la temporada 2025-2026, aunque podrá ser suspendido total o parcialmente si desaparecen las causas que motivan la emergencia.
En 2024, Andalucía exportó carne de porcino por valor de más de 308 millones de euros. El Gobierno andaluz ha convocado esta semana a la Mesa de Interlocución Agraria para intensificar medidas de bioseguridad, reforzar controles y blindar las exportaciones ante las reacciones de mercados internacionales.
El centenar de explotaciones porcinas campogibraltareñas representa el 15,9% del total provincial de Cádiz (629 explotaciones) y el 1,88% del total andaluz (5.324 granjas porcinas), según el Censo Agrario 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el último disponible. Estas granjas manejan 2.946 cabezas de ganado y generan un valor agrario de unos 714.000 euros.
En los últimos meses se han registrado avistamientos de jabalíes en áreas tan sensibles como el faro de Algeciras, Torreguadiaro, Sotogrande y San Enrique
Del total de explotaciones, 87 cuentan con 382 cabezas que se usan con cerdas madres y reposición de más de 50 kilos, como base reproductiva esencial para renovación genética. 24 granjas con 191 cabezas se dedican a la cría de lechones, mientras que 92 con 1.663 cabezas, con otras 901 adicionales en cebo, representan el núcleo del engorde y de machos reproductores. Entre las 100, algunas pueden contar con estos tres tipos de cerdos.
El 71% de las explotaciones son pequeñas-medianas (menos de 50 unidades ganaderas totales), pero las 18 grandes, con más de 100 unidades ganaderas totales, acaparan el 45% de las cabezas que hay en la comarca.
La viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, ha trasladado al sector un mensaje de “tranquilidad y confianza”, pero subraya la necesidad de extremar el control de movimientos de ganado y vigilar de manera especial las explotaciones y los animales procedentes de zonas consideradas de riesgo. “Andalucía está actualmente libre de la PPA y confiamos en seguir así si todos ponemos de nuestra parte”, señaló.
Para ello, la Junta ha anunciado un refuerzo de los controles en mataderos y movimientos de animales, así como una mayor coordinación entre Agricultura, Sostenibilidad y Sanidad. La administración autonómica insiste en que ha reaccionado “de manera inmediata” tras conocerse los positivos en Cataluña.
Mientras la administración refuerza la vigilancia sanitaria, ganaderos y cooperativas alertan del otro gran frente abierto: el avance del jabalí y el cerdo asilvestrado, principal vector de transmisión del virus.
El jabalí ha multiplicado su presencia en zonas periurbanas, una realidad documentada en toda la comunidad y que en el Campo de Gibraltar se ha convertido ya en un problema de convivencia y de seguridad en algunas zonas concretas. En los últimos meses se han registrado avistamientos en áreas tan sensibles como el faro de Algeciras, Torreguadiaro, Sotogrande y San Enrique, donde vecinos denuncian daños en jardines, espacios públicos y propiedades privadas.
Las sociedades de cazadores y los ayuntamientos locales, especialmente el de San Roque, han iniciado reuniones de urgencia para aplicar medidas contempladas en el decreto autonómico de emergencia cinegética temporal. Entre las actuaciones previstas destacan la Instalación de capturaderos en cotos del municipio, refuerzos en los planes técnicos de caza y una mayor autonomía para las sociedades de cazadores en el control poblacional.
ASAJA Cádiz recuerda que el cerdo asilvestrado es una especie invasora con impacto directo en agricultura, ganadería y biodiversidad, y denuncian que las administraciones deben agilizar los procedimientos de control. La Federación Andaluza de Caza advierte, además, que la herramienta actual “es insuficiente” para frenar la sobrepoblación.
Aunque la situación es ahora más sensible por el brote catalán, la vigilancia en Andalucía no es nueva. Desde 2009 funciona el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre, que monitoriza enfermedades en especies cinegéticas y protegidas. El último informe disponible del programa confirma más de una década sin rastro de PPA en los jabalíes andaluces.
Este seguimiento constante es clave para anticiparse a riesgos, ya que la enfermedad —erradicada en España en 1995— sigue expandiéndose en Europa gracias a la movilidad del jabalí y la elevada persistencia del virus en el medio ambiente.
Tanto la Junta como los ganaderos insisten en un mensaje destinado directamente a la ciudadanía: no alimentar a los jabalíes ni dejar restos de comida en zonas rurales. Ese comportamiento, aparentemente inofensivo, favorece la expansión de animales hacia áreas urbanas y aumenta el riesgo sanitario.
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