El Tribunal Constitucional y los partidos políticos

Aprobada la Constitución de 1978, se creó de inmediato, por Ley 2/79, un tribunal de garantías cuya función primordial es la de resolver recursos de amparo, en el que se analiza si en un determinado proceso ha existido vulneración de derecho fundamental y, lo que es más importante, el control de legalidad de las leyes que son aprobadas por el Parlamento.

Sus doce miembros son designados por el Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. El papel jugado por el Tribunal Constitucional en la configuración de nuestro Estado democrático a lo largo de los ya más de 40 años transcurridos desde su constitución es fundamental y se percibe en multitud de aspectos: la clarificación del sistema de distribución competencial en el Estado Autonómico; la construcción perfilada de un complejo sistema de derechos fundamentales, coherente con el establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; un control eficaz de constitucionalidad de las leyes; y una mayor nitidez en cuanto a la divisoria entre cuestiones de legalidad y constitucionalidad. Una labor realizada por varias generaciones de algunos de los mejores juristas españoles (magistrados, letrados, abogados del Estado y de las Comunidades Autónomas, fiscales...) que realizan su trabajo con el mayor rigor e independencia.

Pero es necesario hacer unas observaciones sobre la gravedad de la situación que atraviesa en estos momentos el TC. La ciudadanía hoy en día está centrada en los problemas económicos que les afectan directamente, como la inflación y el precio de la energía. En este contexto, los partidos políticos han logrado que se asuma como normal la consideración del Tribunal Constitucional como una especie de tercera cámara legislativa y etiquetar a sus miembros como “progresistas” –si han sido propuestos por el PSOE- y “conservadores” -si accedieron a propuesta del PP- y, por tanto, se excluye la existencia de magistrados independientes.

En la actualidad, la composición es de siete magistrados progresistas y cuatro conservadores, faltando uno de ellos por renuncia. En mi opinión, todos deben ser independientes, pese a haber sido promovidos por un partido político, ya que no cabe la arbitrariedad, toda vez que la discrecionalidad de sus resoluciones ha de atenerse, afortunadamente, a lo resuelto por los tribunales supranacionales de la Unión Europea y Consejo de Europa.

La razón de ser del TC es controlar los posibles excesos en que incurren los poderes democráticos mayoritarios. Está muy en boga en estos momentos el TC por cuanto la gran mayoría de españoles está pendiente del tema estrella: la amnistía que se pueda negociar con los independentistas catalanes para formar un Gobierno progresista. Y lo llamativo de todo este asunto, que goza de opiniones muy variadas, son las recientes palabras del señor Asenz, designado negociador por Sumar, quien recientemente ha manifestado en los medios de comunicación que el actual TC, de mayoría progresista, daría su visto bueno a esa ley en el caso de que el PP la recurra ante esa instancia.

Y pienso, conforme a lo expuesto, que esas palabras no benefician en modo alguno a la consideración que ha de tenerse a un tribunal que se considera imparcial en sus resoluciones; es como dar por hecho que ya tienen la resolución anticipada de los magistrados. Y en el hipotético caso de que así fuera, no debería expresarse y mucho más en público, ya que la interpretación es que es una institución dominada por una fracción política, lo que haría innecesaria la existencia del TC.

Como jurista, considero que en un tribunal, incluido éste, aunque de matiz político, sus componentes deben olvidar al dictar sus resoluciones qué partido los elevó a ese cargo y resolver conforme en conciencia sobre la legalidad o no de determinada norma. Y finalizo con palabras de Tomás y Valiente, gran presidente de este Alto Tribunal, quien dijo: “El Tribunal no debe obsesionarse nunca por el eco de sus resoluciones. Ni ha de buscar el aplauso ni ha de huir de la censura, porque en una sociedad democrática dotada de las libertades que el propio tribunal ampara, siempre habrá, en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos y censuras…”.