Romero reclama que los imputados por La Gertrudis dejen sus cargos públicos

El portavoz del Partido Andalucista barreño y alcalde de la localidad, Jorge Romero, exigió ayer la dimisión de los miembros del PSOE local que ocupan cargos públicos y han sido imputados dentro del proceso judicial que investiga la concesión de una licencia de obras para la zona de La Gertrudis. Según las actuaciones judiciales llevadas a cabo hasta el momento, el juez ve indicios de delito contra la ordenación territorial y el medio ambiente en los trámites, tal y como adelantó Europa Sur en su edición de ayer.

Como consecuencia de la actuación del juzgado han sido imputados el exalcalde barreño y actual secretario local del PSOE, Alonso Rojas; el consejero delegado de Arcgisa Antonio Rodríguez; la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado; la concejal del grupo municipal socialista Pilar Olivares y Miguel Ángel Rodríguez Palomo, exconcejal hoy fuera de la política activa. Además de ellos, tres técnicos municipales de diverso rango deberán declarar ante el juez también como imputados para que éste decida si continúa adelante con la causa o la archiva.

Para Romero, el avance judicial "lento pero efectivo" aportará claridad a un asunto que calificó como muy grave debido a que los hechos, de confirmarse en un juicio, llevan aparejados pena de cárcel (de un año y medio a cuatro), inhabilitación y fuertes multas según el Código Penal. "Es otra mancha más en el historial de Alonso Rojas que podría ir a la cárcel, una estela del desastre de su gestión para un exalcalde que ya ha sido inhabilitado dos veces. No descartamos más imputaciones contra él en el futuro", dijo, para relatar casos aún pendientes como el de la tasa de inertes.

Al amparo de la licencia de obras aprobada en una junta de gobierno local celebrada en agosto de 2006 se realizaron importantes labores de desmonte en La Gertrudis, de unas 32 hectáreas, cuando sólo se autorizó un desbroce. Así mismo, el suelo aún tenía la clasificación como rústico y no fue modificado para ser industrial hasta la entrada en vigor del nuevo Plan General, en 2008.

"Pido la dimisión de los imputados. Ellos dirán que hay que esperar al juicio, pero por moralidad y ética deberían apartarse o que el PSOE diera ejemplo y lo hiciera. Es positivo que se conozcan los detalles sobre esa gestión", comentó Romero, quien dijo esperar que el resto de grupos de la oposición municipal se pronuncien al respecto. "Para nadie es agradable una imputación, pero cuando se cometen errores los demás debemos estar satisfechos porque se depuren", añadió.

Romero no quiso valorar el hecho de que el PSOE se vea "salpicado" con este asunto durante el plazo abierto en estos momentos para la interposición de una moción de censura contra su gobierno en la que deberían participar los socialistas. Sólo se limitó a decir que contar con los socialistas para un gobierno alternativo sería "antinatura y no positivo para la localidad por ser un partido lleno de imputados". Romero sí hizo alusión al caso del cargo público que ocupa el otrora concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez, como consejero de la empresa comarcal Arcgisa. "Entiendo que el PSOE también debe apartarlo. En cualquier caso, dentro del pacto de gobierno que el PA mantiene con el PP en la Mancomunidad se acordó acabar con el cargo que ocupa. El proceso administrativo está en marcha, pero creemos que el PSOE debe retirar a los imputados de sus cargos", insistió.