La Policía Nacional ha ordenado esta semana la progresiva reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que quedaron inutilizados durante el estado de alarma por el coronavirus para que vuelvan a ser usados con los migrantes que llegan a España en pateras y cayucos. También se pide realizar las "gestiones oportunas" con los consulados de los países de origen para materializar las expulsiones.

En un oficio fechado el miércoles (23 de septiembre), al que ha tenido acceso Europa Press, la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informa a las Unidades de Coordinación Operativa Territoriales de esta novedad que afecta tanto a los CIE de la península como a los de Canarias.

Los CIE de Tenerife y Gran Canaria serán los primeros en retomar la actividad, de forma inminente, según el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. "Se están organizando los turnos de trabajo para la reapertura de los CIE como centros de internamiento, como instalación que permitiría la retención y posterior repatriación a los países con los que hay acuerdos con España", ha explicado Pestana.

El delegado considera "una buena noticia" poder contar con estos dos centros, con capacidad para 238 personas en Tenerife y 112 en Gran Canaria, porque la posibilidad de efectuar repatriaciones "también forma parte de la política migratoria". Las islas están recibiendo a decenas de migrantes en las últimas horas. 

El oficio recoge que se "reinicia la actividad operativa" en los CIE de la península con el internamiento de los ciudadanos argelinos y marroquíes que lleguen en patera y en los CIE del archipiélago canario para inmigrantes subsaharianos llegados desde Mauritania.

Se ordena asimismo que la Unidad Central de Repatriaciones realice las "gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder materializar las expulsiones", solicitando por parte de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que se comunique vía telefónica el primer internamiento efectivo en cada CIE.

El estado de alarma decretado el 14 de marzo y el cierre de fronteras obligó a vaciar los CIE en un proceso que culminó 6 de mayo, día en el que ya no quedó ningún interno ingresado en estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Los últimos migrantes en salir de los CIE fueron dos personas en el de Algeciras.

La ley permite mantenerlos dentro de los CIE un máximo de 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos a sus países de origen, deben quedar en libertad. En el contexto del estado de alarma, que derivó en el cierre de fronteras, fue imposible su retorno a sus países de origen.

134 organizaciones, en contra

Un total de 134 organizaciones de toda España han firmado un comunicado conjunto para denunciar la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El cierre de estos centros durante varios meses a causa de la Covid-19, sin que se llevaran a cabo internamientos ni expulsiones, es prueba suficiente para los firmantes de que estas instalaciones no son realmente necesarias.

Por esto, apelan a la responsabilidad de las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, algo que, consideran, pasa por el cierre de todos los CIE.

Entre las organizaciones que han mostrado su disconformidad con la medida se encuentra el Servicio Jesuita a Migrantes en España. En un comunicado, la entidad destaca que los CIE "distan de ser lugares con garantía de derechos y condiciones de vida digna".

"Llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que presentan todos los CIE de España, que además de incumplir la normativa y diferentes disposiciones judiciales, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre einseguro", han apuntado. 

La entidad censura que durante el periodo de cierre no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos.

"Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros. Ahora se anuncia una estrategia clara, que persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania. Una vez más, se refleja el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria, utilizando el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección", según los Jesuitas.