El Servicio Marítimo no podrá usar las narcolanchas incautadas en el Estrecho, al menos por ahora. La Guardia Civil ha emitido una instrucción en la que prohíbe el uso de las embarcaciones decomisadas hasta que no estén inscritas por la Marina Mercante y ha abierto un debate entre los agentes. Por un lado, quienes denuncian que les quita un activo fundamental para la lucha contra el narco. Por otro, quienes como la AUGC alertan del riesgo que supone utilizar embarcaciones no homologadas que carecen de los medios de seguridad necesarios. Y todos coinciden en un punto: el mal estado de las embarcaciones existentes, que deja en inferioridad de condiciones a los agentes a la hora de combatir el delito.

El uso de los vehículos incautados a los narcotraficantes se puede realizar contando con la aprobación del juez que instruye el caso. Así se ha hecho con todoterrenos, motos y también con embarcaciones, en este caso en servicios extraordinarios, poniéndoles indicativos de que son vehículos usados por la Guardia Civil. Pero una nueva instrucción prohíbe a partir de ahora seguir utilizando las conocidas como narcolanchas.

Para que puedan volver a usarse, la Guardia Civil requiere que sean inscritas por la Capitanía Marítima como buques de organismos públicos, en la denominada lista 8. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que para navegar las embarcaciones estén abanderadas y registradas. Y para lograr ese registro, que en este caso se haría en ese grupo 8, tienen que demostrar previamente que cumplen una serie de requisitos de seguridad estructural, maniobrabilidad en la navegación, seguridad en los tanques, señalización, ambientales. El objetivo fundamental de esas revisiones sería la seguridad de la embarcación.

Mientras esta matriculación se produce en los casos que sea posible, el Servicio Marítimo se queda sin estas embarcaciones de mucha más potencia que las que tiene en estos momentos. Esto es lo que critican algunos de los agentes, que consideran que se les deja sin opciones a la hora de perseguir a los narcotraficantes.

En cambio, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se defiende la decisión de retirar las narcolanchas. “Están fabricadas de una manera artesanal, no cumplen medidas de seguridad básica y al usarlas se está poniendo en riesgo al personal, no son como los coches, que sí cumplen la normativa”, denuncia el delegado de AUGC en Cádiz, Luis Bueno, al ser preguntado por este cambio. Desde el sindicato se ha denunciado la situación ante la jefatura del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, criticando este uso en lugar de adquirir embarcaciones propias y adecuadas para los agentes. “Las narcolanchas están construidas con una única finalidad”, remarca el delegado de AUGC en el Campo de Gibraltar, Miguel Ángel Ramos, “transportar droga. No están preparadas para proteger a los tripulantes. No tiene cubierta, ni protecciones”. Por ello rechazan su uso.

Estado de algunas embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Málaga

Pero al mismo tiempo, hay una queja unánime por el estado de las embarcaciones que tiene ahora el Servicio Marítimo en el Estrecho. “Tienen mucho desgaste, trabajan en turnos de 24 horas y todo el año”, destaca Ramos. “El servicio que se presta en el Estrecho no es el mismo que en otros puntos del país”. Narcotráfico e inmigración añaden una carga de trabajo extra que supone un mayor desgaste de los vehículos, que además tienen una edad elevada en muchos casos. El problema se repite en la vecina Málaga. Frente a esta escasez de medios, “los agentes muchas veces sacrifican su seguridad para perseguir el delito”, lamenta Bueno.

“Queremos una lucha contra el narcotráfico lo más igualada posible y para eso necesitamos que se dé prioridad a la dotación de más medios y personal a la Guardia Civil, también al Servicio Marítimo”, remarca el representante de la AUGC, que pone como ejemplo las embarcaciones compradas para Vigilancia Aduanera o las de la vecina Gibraltar. La Asociación reclama que se utilice el dinero incautado a los narcotraficantes para ese refuerzo material, además de para luchar contra esta lacra desde la vertiente educativa, social, “el plan integral tiene muchas vertientes que podrían beneficiarse de ese dinero decomisado. ¿De qué sirven 17 millones en el juzgado?”.

Para esa lucha también es clave, recuerda la AUGC, la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz. Precisamente, el domingo la directora de la Guardia Civil, María Gámez, aseguró que se estaba trabajando en incentivar a guardias civiles y policías nacionales. “Sabemos que hay un grupo de trabajo, que se está en ello. Pero queremos empezar a ver resultados”, apostilla Bueno.