El Pleno aprueba nuevos avances en la construcción del cementerio
La modificación puntual de la zona de Los Puertos en Campamento para un uso terciario también sale adelante
El Pleno de San Roque aprobó ayer varios puntos de trámites que suponen avances a proyectos urbanísticos que tienen un largo recorrido administrativo. Antes de ello, tomó posesión de su acta el nuevo concejal de San Roque Sí Se Puede (SRSSP), Julio Manuel Labrador, tras la dimisión de José Reyes.
Todos los grupos, con la excepción de SRSSP votaron a favor del proyecto de actuación en suelo no urbanizable para un centro de control de residuos no peligrosos, ubicado en la zona conocida como Las Presas. Un promotor, gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos de poda y jardines, que cuenta también con un almacén temporal, ha solicitado permiso para iniciar un centro para el tratamiento de este tipo de residuos. Se trata de dos parcelas de casi 50.000 metros cuadrados y cuentan con el visto bueno de la Junta de Andalucía.
El Pleno aprobó también sin el voto de SRSSP, una adenda al Estudio Ambiental Estratégico de la modificación puntual del PGOU en el área NU-38 Los Puertos. El planeamiento ya ha sido aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento. Se trata de unos terrenos de 367.382 metros cuadrados situados frente al Casino que se quieren convertir en uso terciario. Se construirá un cementerio de 63.774 metros.
Con la abstención de toda la oposición, excepto el PIVG, el Pleno aprobó otra adenda al Estudio Ambiental Estratégico de la modificación puntual en el área 016-CA del PGOU de San Roque en Campamento. Aunque este planeamiento ya está aprobado de manera provisional por el Pleno, la Junta con motivo de un cambio de normativa, ha solicitado este documento en la que se identifiquen y valoren los impactos y el establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental. Son unos terrenos contemplados como de uso terciario compatible con industrial, pero que se dividen en dos sectores, de manera que el sector sur quede para uso residencial (máximo 230 viviendas, de las cuales el 30% son protegidas).
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