El PSOE exige que la comisión de la 'Caja b' investigue los 55.000 euros

El grupo municipal socialista se muestra totalmente en contra del cierre de la comisión de investigación de la Caja b en la Policía Local, como se pretende hacer hoy durante el pleno extraordinario, en el que el presidente de dicho comité, Manuel Melero, leerá sus conclusiones.

Los socialistas exigen que se coteje las salidas de dinero de la Caja b -55.000 euros-, con los ingresos bancarios de la Tesorería municipal, para comprobar si se ingresaban finalmente en la Tesorería municipal o tenían otro destino. El PSOE también señala en sus conclusiones que existió una contabilidad paralela en el primer gobierno de Fernando Palma, que fue eliminada cuando Miguel Núñez asumió la Delegación de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, añade el grupo que no tiene nada que ocultar. "Si los populares quieren cerrar la comisión con acusaciones sin fundamento que lo hagan, pero saben que no podrán manchar la gestión honrada y honesta de los gobiernos socialistas", añade el PSOE.

Por su parte, el PIVG también expuso ayer sus resoluciones, que coinciden en parte con las del presidente de la comisión, si bien acusa al concejal Miguel Núñez de haber ocultado la practica de actuaciones irregulares, al cambiar el sistema interno establecido al ocupar su cargo, pero no denunciarlo. El portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, le preguntó en una sesión de esta investigación por qué no había solicitado una comisión y el edil añadió que informó al alcalde, José Vázquez, y al tesorero. Éste último posteriormente, lo negó.

El concejal del PIVG aclara que "han existido irregularidades administrativas evaluables, pero a nuestro juicio en el ámbito político también se ha estado ocultando estas irregularidades hasta su prescripción, no sabemos si con el conocimiento de todo el equipo de Gobierno o parte". A este respecto, Mayoral considera que este "ocultamiento" en sí puede ser un supuesto delito.

Finalmente, apunta que durante la investigación surgió otra irregularidad por exenciones de multas, permitiendo la salida de vehículos autorizados por concejales sin informes que lo justifiquen. Mayoral solicitó la elaboración de un informe técnico jurídico de estos supuestos documentados y el pleno decidirá si es susceptible de trasladar todo el expediente completo al juzgado de San Roque.