La Junta sanciona a un coto de caza por el uso de cebos envenenados

El coto de caza enclavado en la finca El Novillero de Facinas, dentro del término municipal tarifeño y propiedad de Carlos Núñez Troya, ha sido sancionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con 60.000 euros de multa y la suspensión de la actividad cinegética durante un periodo de cinco años.

Se trata de una resolución única de estas características en toda la provincia gaditana una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimara el recurso presentado por el propietario del coto del expediente abierto contra la gestión y propiedad del coto de caza en el año 2007. En aquel año se encontraron restos de un potente veneno en los cadáveres de dos perros y un zorro, así como de un erizo que tras los pertinentes análisis efectuados por Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente revelaron la presencia de un tóxico denominado Aldicarb, con el que se habían impregnado varios cebos consistentes en un ala de pollo, grasa animal y restos de espinazo, junto a los que hallaron a los animales muertos.

El veneno utilizado es "uno de los tóxicos más potentes" que existen porque "mata de forma prácticamente inmediata a todo animal que consuma el veneno o algún resto del cadáver envenenado". De este modo, el tóxico puede afectar a toda la cadena trófica y, de hecho, se encontraron "insectos muertos" junto a los animales envenenados.

Asimismo, la Consejería ha subrayado el "riesgo para la salud humana" que puede conllevar la presencia de este veneno en un coto de caza, puesto que "se ha demostrado que puede tener un efecto letal sobre los humanos simplemente al contacto con la piel o los ojos".

El propietario del coto, Carlos Núñez Troya ha reconocido a Europa Sur la existencia en sus tierras del veneno, pero negó cualquier tipo de responsabilidad sobre la autoría de estos hechos por su parte. "No soy responsable de este delito. Tengo una finca por la que pasan dos coladas y es fácil que alguien con malas intenciones y ganas de perjudicarme haya introducido el veneno en el coto", expresó Núñez Troya quien confesó sentirse "un cabeza de turco y totalmente indefenso. La Junta de Andalucía simplemente se ha limitado a ir contra mi y no a investigar lo sucedido", se lamentaba el propietario de la finca de unas 275 hectáreas que prevé que la decisión de la Junta implicará además de los 60.000 euros de sanción unas pérdidas económicas de más de 100.000 euros en los próximos años.

Sin querer acusar a nadie, insistió en apuntar que él no ha gestionado el coto y que fue a raíz del abandono por parte del arrendatario de la gestión de explotación del mismo cuando comenzaron a suceder los envenenamientos de los que ahora se le acusa a su persona.