Proyecto de provincia en el Campo de Gibraltar a comienzos del siglo XVIII

Tras la pérdida de Gibraltar en agosto de 1704, la comarca campogibraltareña se convirtió en agitado escenario bélico y de movimiento poblacional. Al vislumbrar poco practicable su recuperación, la Corona contempló el aumento demográfico como estrategia defensiva y para tratar de impedir la expansión inglesa por la zona. En este contexto se enmarca la “idea fantástica” de Bartolomé Porro, que el autor de estas líneas rescató del olvido en su momento.

Bartolomé Porro y su proyecto de nueva provincia

Bartolomé Porro nació en 1677 en Cádiz, donde se había establecido su padre, originario de la provincia italiana de Finale, un marquesado que perteneció a la monarquía española hasta 1706. Porro participó en la Guerra de Sucesión (1701-1714) en el ejército de Felipe V, primer rey de la dinastía Borbón, alcanzando la graduación de coronel. Se licenció antes de finalizar ese conflicto, trasladándose a Finale para su retiro temporal. Regresó a España en 1719 con la idea de fundar aquí una provincia homónima con colonos finaleses y otros italianos.

Tras valorar posibles territorios andaluces para su propósito, se decidió por los relativamente despoblados en torno a Gibraltar, considerando que esta era “la parte más importante de España”. A finales de 1720, el Rey y el Consejo de Castilla aprobaron las condiciones de su proyecto de nueva provincia. Comprendería mayormente terrenos de San Roque y de Tarifa, pero también de los pueblos colindantes, esto es, Vejer, Medina Sidonia, Castellar, Jimena, Alcalá de los Gazules, Casares y Manilva. De todos ellos se tomarían las tierras baldías y de realengo ‒es decir, terrenos públicos‒, además de eventuales expropiaciones de fincas particulares.

El plan consistía en fundar entre cuarenta y cincuenta poblaciones de distinta importancia, con cuatro principales: Algeciras, Burgo, Marina y Final. Esta última sería la capital provincial. Las cuatro se ubicarían en el término de la antigua Algeciras, en la jurisdicción de San Roque. Aparte, Bolonia sería la población más importante en el territorio que se tomaba de Tarifa. La provincia se llamaría El Final, cuyos límites jurisdiccionales los fijaría el juez visitador Diego Adorno Dávila, magistrado de la Audiencia de Sevilla.

Al coronel Porro se le conferían títulos y amplios poderes, como el señorío de la provincia y gobernador vitalicio de su capital, además de otras prebendas. Para empezar, fue nombrado gobernador de Tarifa, donde se centralizó todo el operativo y se hospedarían los colonos mientras se edificaban sus casas en las nuevas poblaciones.

Todo ello implicaba cuantiosos gastos, que en principio debía aportar Porro de su propio bolsillo. Para compensarle, el Consejo lo invistió mariscal de campo, con su correspondiente salario, que destinaría a la empresa.

Los nuevos pobladores serían trabajadores con oficios, artesanos y agricultores, a los que se les proporcionaría lotes de tierra, quedando exentos de pagar impuestos durante los primeros veinte años. Se pretendía con ello estimular el desarrollo económico de la zona, impulsando la agricultura y la manufactura. Porro daba especial relevancia a la industria maderera en los bosques de Zanona y Ojén, previendo levantar allí dos villas con aserraderos y fábricas de papel. Todo eso, sin olvidar la pertinente defensa de la costa, un asunto del mayor interés para la monarquía, razón por la que se impulsaba la repoblación con otros incentivos. Los inmigrados debían prestar servicio de armas en la vigilancia costera a cambio de ciertas exenciones militares.

Oposición en Tarifa y San Roque

En abril de 1721, Porro tomaba posesión como gobernador de Tarifa dejando muy claro que su objetivo principal, más bien el único, era dedicarse a las nuevas poblaciones. Su pretendida provincia conformaría una especie de arco con los ríos Jara y Barbate, en la costa atlántica, como límites con Tarifa y Vejer, hasta la bahía de Algeciras, con los ríos Guadalmesí y Guadarranque limitando con Tarifa y San Roque respectivamente. El resultante pequeño término municipal de Tarifa quedaría en el centro, rodeado, pero no integrado en la nueva provincia.

El deslinde no resultó fácil por el frontal rechazo de los dos cabildos municipales y de los terratenientes, amparándose en las antiguas prerrogativas concedidas por la Corona. Entorpecieron en todo lo posible la ejecución del proyecto, atacando despiadadamente a Porro con denuncias, calumnias, e incluso la excomunión por el vicario de las iglesias tarifeñas, Antonio Velasco Brizuela, que era también parte interesada. Ambos ayuntamientos acudieron a las distintas instancias políticas y judiciales para defender los derechos sobre sus términos. Se negaban a reconocer la división territorial, declarando que los terrenos que se querían segregar no eran despoblados, como demostraban sendos censos de población presentados, aunque estaban basados en ciertas argucias.

La alarma cundió sobre todo entre los grandes labradores y ganaderos, muchos de ellos regidores municipales, que veían peligrar su ancestral aprovechamiento de baldíos y montes. El mayor latifundista, el duque de Medinaceli, también mostró su absoluta oposición, puesto que sus extensas posesiones en la comarca quedarían todas afectadas. En muchos casos, estos terratenientes detentaban terrenos de titularidad pública de los que se habían apropiado de forma fraudulenta.

Los baldíos de Bolonia y Facinas fueron los primeros en ser adehesados por Porro, lo que fue refutado por algunos ediles tarifeños hasta que les fuese presentada la orden real. Igual oposición presentó San Roque, no reconociéndole la posesión del antiguo término de Algeciras ni su nombramiento como gobernador político. Tampoco aceptó su autoridad militar con mando hasta el río Guadarranque. No obstante, el Consejo de Castilla confirmaba a Porro en su posesión de dichas tierras, y el juez Adorno incidía en que se le debía reconocer, bajo amenaza de multa o cárcel. Además, Felipe V reprobó tal actitud de rechazo con que “se han opuesto a ello esta ciudad [Tarifa] y la de Gibraltar [San Roque] con motivos aparentes y frívolos, dando lugar a que se experimenten gravísimos daños y perjuicios”. Hubo correctivos para algunos regidores y para el impetuoso vicario tarifeño. Asimismo, se llamó la atención al marqués de Pozoblanco, comandante del Campo de Gibraltar, que en algún momento ejerció también como corregidor interino de San Roque. Pero tales advertencias sirvieron de muy poco, continuando el conflicto con mayor acritud si cabe.

Los resultados

Porro encontró desde el primer momento el desaire más absoluto por parte de la oligarquía local, en particular de los grandes labradores y ganaderos. A pesar de todo, se puso de inmediato manos a la obra, contratando trabajadores y negociando la compra de materiales para edificar la primera población: Bolonia. Allí se transportó abundante material durante los meses de mayo y junio, aunque lo construido se limitó a unas cuantas estancias apenas terminadas antes de suspenderse los trabajos.

Luego lo intentó en la ensenada de Valdevaqueros, pero tampoco se construyó mucho en este emplazamiento. Aquí quedaron ocho cuartos sin terminar y otros tantos dejados en poco más que sus cimientos. Lo suficiente para darle nombre: Casas de Porro.

A la convocatoria de repoblación acudió en principio una decena de familias atraídas por el ofrecimiento de casa en Algeciras. Según testimonios, ninguna de ellas llegó directamente de Italia, sino de Cádiz y provincia mayormente. Todos estuvieron residiendo en Tarifa a costa de Porro; y tras el fracaso de la empresa, es probable que volvieran a sus lugares de origen. Al parecer, centenares de familias esperaban en Italia la orden de embarcar hacia España. Y esperando se quedaron allí.

Poco o nada pudo hacer Porro en Algeciras, puesto que el cabildo sanroqueño no aceptó ni reconoció su autoridad, exigiendo la revocación de su nombramiento de gobernador. En realidad, fue completamente ignorado, cuando no contradicho. El Ayuntamiento seguía concediendo licencias para construir casas en Algeciras, y entre ellas la del acaudalado y activo capitán Antonio de Ontañón.

Para ensombrecer aun más su labor, en septiembre de 1721 arribó a la bahía algecireña Jorge Próspero Verboom, ingeniero general del reino, que tenía sus propios planes para la zona, como es bien conocido. Buscando su complicidad, los ediles de San Roque lo agasajaron convenientemente y le informaron sobre el “injusto e impracticable” plan de Porro.

Vuelta a la situación de siempre

La fortísima oposición de los ayuntamientos implicados y de los terratenientes, destacando entre ellos la todopoderosa casa ducal de Medinaceli, no dieron ninguna oportunidad de éxito a la innovadora y ambiciosa iniciativa de Bartolomé Porro. Este fue arrestado en Tarifa en enero de 1723 y conducido al presidio militar de Santa Catalina en Cádiz, donde estuvo recluido durante un tiempo. Falleció en marzo de 1724, después de haber sido excarcelado, dejando deudas pendientes por la adquisición de materiales de construcción y por falta de pago a diferentes profesionales, razón por cual se le embargaron sus bienes.

Tras el arresto de Porro, la Chancillería granadina envió al juez Pedro Rodríguez Coronel, que ejerció como corregidor de Tarifa con la misión de fiscalizar el proyecto de nueva provincia y si era factible o no continuar con él. Resultó que no. En San Roque, el regidor y capitán Juan de la Carrera fue nombrado teniente de corregidor de Algeciras y Los Barrios en abril de ese año 1723. Con ello se volvía a la normalidad jurisdiccional previa al tan denostado plan repoblador.

Al fin, en mayo de 1724 era dictada la real cédula por la que se reconocían los términos tradicionales de San Roque y Tarifa, los únicos que habían sido parcialmente deslindados. Los poderosos locales hicieron creer que el fracaso del proyecto iba en favor del pueblo en general, aunque en realidad solo ellos eran los beneficiados. Y visto desde una perspectiva más amplia, tal fiasco supuso la pérdida de una gran oportunidad para la zona, tan necesitada entonces ‒como antes y como luego‒ de iniciativas generadoras de riqueza.

De las pretendidas nuevas poblaciones apenas existen evidencias más allá de referencias documentales. Nada visible queda de lo poco que se ejecutó sobre el terreno, aunque es probable que en Casas de Porro se conserven restos de cimientos de lo construido entonces. Al menos, este caserío tarifeño mantiene con su nombre el recuerdo de Bartolomé Porro, promotor de aquella empresa repobladora tan extraordinaria como controvertida.

Resulta casi inevitable relacionar el plan de Porro con las aspiraciones de provincia, más o menos patentes, de la comarca campogibraltareña. No digo yo que sea el origen de tal sentimiento, pero sí que debemos tenerlo en cuenta como un precedente.