El Campo de Gibraltar se quedó durante el pasado año -de nuevo- prácticamente al margen de la financiación del Fondo de Bienes Decomisados para poner en marcha programas y acciones preventivas sobre drogodependencias. Algo que sucedió pese a ser considerado como el epicentro del narcotráfico por entidades como la Fiscalía Antidroga.

Y también pese a formar parte de la tercera provincia del país por número de decomisos a las mafias del tráfico de estupefacientes con los que, precisamente, se nutre el sistema gestionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Así se desprende de la memoria del fondo relativa al año 2021, consultada por Europa Sur.  

El fondo contó el pasado ejercicio con una asignación para reparto de 31 millones de euros a escala nacional. De ellos, un total de 18,98 millones (el 61,22%) se destinaron a la financiación de las llamadas "acciones para la reducción de la demanda" que abarcan los ya citados programas preventivos de las comunidades autónomas, los municipios y las entidades sociales privadas sin ánimo de lucro, entre otros beneficiarios potenciales. 

De este monto, según la memoria, solo dos entidaes y un ayuntamiento de la comarca tuvieron acceso directo al reparto. Fueron la Fundación Márgenes y Vínculos, que recibió una subvención de 40.544 euros, y Nuevo Hogar Betania, con 24.432 euros, así como el Ayuntamiento de Algeciras, con otros 18.766,33 euros. En total fueron 83.742,33 euros, equivalentes a solo el 0,27% del total del fondo estatal.

El resto del fondo, más de 10,5 millones de euros restantes fueron repartidos a través de la denominada como línea de financiación para el control de la oferta. Esto es, para las fuerzas de seguridad que trabajan en la represión del narcotráfico. 

El sistema de reparto para las subvenciones directas a entidades y colectivos sigue un criterio estrictamente territorial que prioriza a las entidades de ámbito nacional y las capitales de provincia o grandes ciudades. Es decir, no efectúa ninguna clase de refuerzo para territorios donde las redes del narcotráfico tienen estructuras más potentes, como el caso de la comarca o la Costa del Sol, y donde a su vez se registran recurrentes aprehensiones de viviendas, dinero y vehículos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Por tanto, las organizaciones sin ánimo de lucro del Campo de Gibraltar, ámbito en el que se enmarcan prácticamente todas las asociaciones y coordinadoras, y siete de los ocho ayuntamientos tienen vetado por su definición territorial el acceso directo a las ayudas con cargo al fondo.

Mientras, ayuntamientos de capitales de provincia recibieron dinero por el mero hecho de su capitalidad o pese a contar con un muy inferior volumen de decomisos. Es el caso de Salamanca, con 31.233,03 euros para el programa Salamanca a tope pese a no aportar ningún bien al fondo, o Zaragoza, con otros 627.469,59 euros aún con una cuarta parte de decomisos en la provincia de Aragón (32) en comparación con los de la provincia Cádiz (112).  

Un dispositivo de la Guardia Civil en una operación contra el tráfico de drogas.

Excluidos por definición 

El fondo se nutre cada año de los bienes intervenidos por tráfico de drogas -subastados o vendidos tras una sentencia firme- y del dinero en metálico localizado por las autoridades conforme a la Ley 17/2003. Posteriormente, se ponen en marcha las convocatorias de las subvenciones para su reparto. 

Para las ONG, la convocatoria se rige a escala estatal conforme a la orden SCO/3670/2007 (de 2007). Su artículo 1 fija como potenciales beneficiarios a las entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal que afecten al ámbito territorial de dos o más comunidades autónomas. Además, deben estar legalmente constituidas e inscritas en el registro nacional para tener acceso al fondo, con 3,3 millones de euros en 2021 dentro de este apartado. 

Y para los ayuntamientos, las subvenciones (con 4,2 millones de euros en 2021) se conceden conforme a la orden SSI/1061/2017 (de 2017). Su articulado exige "ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de cabildos o consejos insulares o municipios que tengan una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes". Este último requisito solo lo cumple Algeciras.

El movimiento asociativo comarcal reclama desde hace años un cambio en el modelo de gestión para que se priorice a los territorios donde más incautaciones se producen, como el propio Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz.

Cádiz, tercera provincia en decomisos

La provincia de Cádiz fue la tercera del país en aportar bienes decomisados (ingresos efectuados por órganos judiciales) al fondo, con un total de 112 expedientes. Sólo Málaga (220) y Madrid (175) superaron en número las aportaciones. 

Cádiz envió al fondo 35 vehículos, 29 embarcaciones, una aeronave, 6 lotes de joyas y 41 objetos variados. Cádiz, no obstante, es la provincia con el mayor número de embarcaciones decomisadas. 

El dato de Madrid se explica por ser la capital nacional el enclave desde el que muchas mafias del tráfico de drogas dirigen su actividad delictiva, mientras que el de Málaga evidencia una tendencia ya manifestada en años anteriores: las redes del narcotráfico se alejaron del Estrecho en busca de zonas con menor presión de las autoridades.