Frente a la creciente preocupación en el Campo de Gibraltar, y muy especialmente en La Línea, ante la posibilidad de que Reino Unido y Gibraltar abandonen dentro de dos meses la Unión Europea sin un acuerdo, el Gobierno de España esgrime el real decreto aprobado el primero de marzo como la vía para salvaguardar los vínculos a ambos lados de la Verja. 

El real decreto adapta el ordenamiento jurídico español para mantener a los gibraltareños sus derechos en España, lo que garantiza la continuidad de su actividad económica en el Campo de Gibraltar. Además, para asegurar los derechos de los  trabajadores españoles en el Peñón, que el documento cifra en 9.000, el documento condiciona la continuidad de estas disposiciones extraordinarias a un "tratamiento equivalente por parte de Reino Unido". Es decir, para que el Campo de Gibraltar y el Peñón mantengan sus relaciones actuales después de un Brexit salvaje, basta con que los británicos imiten a España con medidas similares a las de ese real decreto.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha enviado este viernes un mensaje de tranquilidad frente al aumento de la incertidumbre en el Campo de Gibraltar porque la norma que convalidó el Congreso incluye "soluciones" para varios grupos de personas que se verían especialmente afectadas por la salida sin acuerdo.

El real decreto adapta el ordenamiento jurídico español para mantener a los gibraltareños sus derechos en materia de residencia, trabajo en España, acceso y ejercicio de profesiones, empleo público, trabajadores desplazados, seguridad social, asistencia sanitaria y acceso a la universidad. También en cuestiones relativas a los servicios financieros, aduanas, contratación pública, permisos de conducir, material de defensa y doble uso, armas y explosivos, así como transporte terrestre. En todos estos puntos se espera la reciprocidad de Reino Unido y Gibraltar. 

Eso sí, son medidas de contingencia: unilaterales y temporales puesto que la relación futura se definirá una vez se produzca la salida, teniendo en cuenta que cualquier actuación a nivel europeo deberá contar con el visto bueno de las autoridades españolas. El real decreto regula el procedimiento para la emisión de una autorización a los británicos que trabajen en España. También España reconoce la validez de los permisos de conducción expedidos por autoridades británicas durante un período transitorio de nueve meses. En este plazo, los gibraltareños podrán canjear su permiso de conducción por otro permiso español, lo que les permitirá seguir conduciendo en España a pesar de la retirada de la Unión Europea. Transcurrido ese plazo de nueve meses, a los permisos de conducción emitidos por las autoridades británicas se les aplicaría la normativa española prevista para los expedidos por terceros países y ya no será posible el canje por otro español hasta que, en un futuro, se firme un convenio bilateral con Reino Unido.

El Gobierno dará validez a los certificados de registro de los 300.000 británicos que tienen sus residencia legal en España y mantendrá la misma a los aproximadamente 100.000 que no la tienen regularizada "hasta que se resuelva definitivamente su situación". A todos ellos da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020, para pedir la Tarjeta de Identidad de Extranjero, documento que acreditará de forma definitiva su condición de residente en el país. Esto afecta a muchos gibraltareños que viven en lado español de la Verja. 

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Además, España permitirá a los gibraltareños y todos los británicos seguir ejerciendo de forma permanente en España una profesión o actividad profesiona lpara la cual hayan obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, incluso en los casos en los que se exigiese ser ciudadano de un estado miembro de la UE. También prevé el mantenimiento de la condición de funcionario público de los británicos que ostenten tal condición en el momento de la retirada.

Para proteger a los 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 de ellos españoles) que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar, estos podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada, sin que les sea requerido haber cotizado al sistema de seguridad social español por esta contingencia.

El real decreto establece que España continuará prestando a británicos asistencia sanitaria en los mismos términos y con las mismas condiciones establecidas con anterioridad a la retirada de la Unión Europea. Esto se condiciona a que Reino Unido garantice estas mismas ventajas a aquellas personas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria en Reino Unido con cargo a España y que asegure el reembolso de los gastos por la asistencia sanitaria prestada en los mismos términos que en la actualidad.

Entre las medidas aprobadas se encuentra una que prevé que aquellos alumnos procedentes de los sistemas educativos de Reino Unido o Gibraltar puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española que les eran aplicables antes de la fecha de retirada durante el curso 2019-2020 y 2020-2021. "De esta forma se protege a los alumnos que iniciaron la última etapa de su educación escolar, confiando en que cuando finalizasen sus estudios podrían acceder a una Universidad Española sin problemas ni trabas administrativas", explicó en marzo el Gobierno español.

Aunque la pérdida del pasaporte comunitario implica que las entidades financieras británicas tendrán que adaptarse a los regímenes de terceros países para seguir prestando servicios en España -incluyendo aquellos que resulten de contratos suscritos con anterioridad, pero con vencimiento posterior a la retirada del Reino Unido- el Gobierno constata que la vigencia de los contratos no se verá afectada por el Brexit.

En aduanas, el Gobierno introduce la posibilidad de adelantar determinadas solicitudes exigidas por el régimen aduanero con terceros estados antes de la fecha de retirada, a fin de evitar su concentración en los días siguientes a la salida de la Unión Europea.

En cuanto a los procedimientos de contratación pública, la regulación tiene como objetivo proveer de seguridad jurídica y no perjudicar a aquellos operadores económicos que confiaron en el proyecto europeo y participaron en procedimientos iniciados antes de la retirada de la UE. Estos tendrán la misma consideración que las empresas pertenecientes a estados miembros. "Tal situación es además coherente con el derecho transitorio que ha venido rigiendo la contratación pública en España", afirmó el Ejecutivo.