Un juzgado de Parla instruirá el caso contra David Oliva, el ex jefe antidroga en el Campo de Gibraltar

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado que finalmente sean los juzgados de Parla los que investiguen al teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva, ex jefe antidroga para el Campo de Gibraltar como responsable del Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON-Sur), y otros dos miembros de la Benemérita por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.

En un auto, la Sala de lo Penal resuelve la cuestión de competencia suscitada después de que tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de Parla rehusasen hacerse cargo del caso al considerar que no les correspondía.

El caso comenzó a investigarse de forma secreta en la Audiencia Nacional como una pieza separada de una causa mayor sobre narcotráfico. No obstante, el pasado mayo, el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, archivó la investigación principal y acordó enviar la parte relativa a Oliva a los juzgados de Parla.

Abascal razonó entonces que los hechos casaban con "un presunto delito de revelación de secretos en relación de concurso medial con un delito de cohecho" y, "para consumar el delito de cohecho, el momento inicial de la acción delictiva hay que situarlo en la sustracción de los secretos e información reservada que posteriormente fueron entregados como dádiva".

Bajo ese argumento concluyó que el juzgado competente era el de Parla porque dicha sustracción "se produjo en la sede del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, radicada en Pinto (Madrid), perteneciente al partido judicial de Parla".

Sin embargo, el juzgado de Parla rechazó asumir el caso al entender que el delito se consumó en Andalucía, donde estaba la sede del OCON-Sur.

Así las cosas, la causa volvió a la Audiencia Nacional, donde Abascal acordó plantear una cuestión de competencia para que el Supremo resolviera, algo que ha hecho determinando que "la competencia corresponde a los juzgados de Parla" porque "la sustracción de la información que da lugar al delito de revelación de secretos y al delito de cohecho se produce en Pinto".

Supuestas presiones

Según fuentes del caso, Oliva habría presionado a dos tenientes -Juan Antonio Bernal y Javier Israel Fuentes- para saber si Asuntos Internos le estaba investigando por asistir a una fiesta del narco, unas pesquisas que en realidad no se estaban llevando a cabo.

No obstante, Asuntos Internos de la Guardia Civil sí advirtió esas presuntas presiones y le empezó a investigar por eso. También dirigió sus pesquisas contra los otros dos tenientes.

Las presiones se habrían producido durante su etapa como jefe del OCON-Sur, creado a mediados de 2018 como unidad puntera en la lucha antidroga y desmantelado en septiembre de 2022 por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Operación Varea

Según detalla el Tribunal Supremo, el teniente Bernal "sustrajo a instancias del teniente coronel Oliva información secreta de la Carpeta H del SAI (Servicio de Asuntos Internos) utilizando el ordenador de mesa que tenía asignado" a cambio de "obtener una comisión de servicio en el OCON-Sur".

El alto tribunal apunta que dicha información, que afectaba también al teniente Fuentes, "comprendió una pluralidad de carpetas entre ellas, la subcarpeta 'Varea'", y se filtró a Oliva desde Pinto, tras lo cual Bernal consiguió la comisión de servicios.

La Audiencia Nacional acordó el pasado 12 de abril dejar en libertad pero con la obligación de comparecer mensualmente tanto a Oliva como a los otros dos agentes. Esa decisión, tomada a instancias de la Fiscalía Antidroga, llegó después de escuchar durante varias horas la versión de los tres investigados, que negaron los hechos que se les imputan.