El Consistorio inicia el derribo de un ático ilegal en el edificio Luz Díaz

El Consistorio de Tarifa ha iniciado -a través de una empresa subcontratada- el derribo del ático del edificio Luz Díaz, cuya construcción finalizó en el año 2004 y que desde entonces viene suscitando la polémica entre vecinos, distintos propietarios del inmueble y el Consistorio. Primero porque el conflicto impidió durante meses que el resto de vecinos consiguieran escriturar sus viviendas teniéndose incluso que negociar con una entidad bancaria la subrogación de los préstamos hipotecarios de las viviendas y, durante todo el tiempo transcurrido hasta ahora, porque no se llevaba a efecto la orden de derribo dictada sobre el inmueble.

El Consistorio denunció como obra ilegal el ático construido por la promotora del edificio Jolumar Internacional España. Según la denuncia, el ático no figuraba sobre el proyecto inicial lo que derivó en un largo proceso administrativo que culmina ahora con la demolición de la superficie del ático, de unos 200 metros cuadrados y que ha sido revendido hasta en tres ocasiones.

El último propietario hizo entrega de una fianza de demolición de 24.000 euros fijada por el técnico competente. Una cantidad muy por debajo del precio estipulado por otros técnicos consultados por este diario y que han cifrado el coste del derribo en unos 60.000. Precisamente ese hecho ha retrasado la demolición del ático una vez que el Contencioso Administrativo se resolviera a favor del Consistorio hace dos años. De hecho, el Consistorio pretende llegar a un acuerdo con el actual propietario para que la demolición no suponga una pérdida a las arcas municipales

A la propia orden de demolición dictada en el 2005 y la posterior orden de entrada y precinto de la vivienda -aún sin terminar- le sucedieron una serie de recursos que no han fructificado y que han supuesto a la postre el derribo de la construcción. En el inicio del proceso, la promotora defendió la legalidad del ático argumentando que su construcción estaba contemplada en el inicio del proyecto. Algo que no ha sido visto desde la misma perspectiva por la Justicia que falló a favor del Consistorio tarifeño.

No es el único caso de viviendas pendientes de trámites judiciales en el municipio. Otro bloque de viviendas, el edificio Numancia de la céntrica avenida Batalla del Salado, se encuentra precintado desde hace año y medio por una orden judicial tras encontrarse deficiencias en su construcción que, según informes municipales emitidos a instancias judiciales, podrían suponer riesgo de derrumbe.

Sus 15 inquilinos se encuentran realojados desde entonces y varios locales comerciales han tenido que cambiar de ubicación. Los afectados reclaman al Consistorio 1,5 millones de euros como compensaciones patrimoniales al entender que no ha ejercido su función para solucionar el conflicto.