Los ayuntamientos de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Tesorillo, Gaucín y Casares han solicitado a la Junta de Andalucía una moratoria a los proyectos de plantas fotovoltaicas "hasta que se apruebe una regulación que garantice la compatibilidad de la implantación de esas instalaciones con un desarrollo sostenible de sus municipios".

Los alcaldes de los cinco municipios han trasladado su petición a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en una reunión con responsables de dicho departamento, encabezados por el viceconsejero, la directora general de Urbanismo y la jefa del Servicio de Planificación, según recoge un comunicado de prensa del consistorio chisparrero.

En la reunión se ha acordado trasladar la propuesta a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Turismo, cuyo acuerdo es fundamental para aprobar la moratoria.

Los citados ayuntamientos han dado la voz de alarma ante el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en sus municipios.

"El objetivo de los alcaldes es que la instalación de las plantas de energías renovables se realice de forma sostenible y planificada, para que no tenga un gran impacto paisajístico o medioambiental, ni perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico. Cada uno de los consistorios está trabajando para regular en el ámbito local la implantación de este tipo de instalaciones en sus municipios, aunque el Gobierno de España y la Junta de Andalucía son las administraciones competentes para tramitar estos proyectos, y las que tienen la última palabra", indica el comunicado.