El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tachó ayer a los socialistas de "irresponsables" por intentar frenar la venta de la finca La Almoraima y, con ello, dañar el desarrollo socio-económico de la zona, especialmente del término municipal de Castellar en la que se ubica. En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, el diputado del PSOE Francisco Pradas acusó al Ejecutivo de querer devolver la finca, a los "especuladores, multimillonarios y actrices".

El PSOE formalizará una propuesta para que la Junta pueda adquirirla con cargo a lo que adeuda el Estado en base a la disposición tercera del Estatuto de Autonomía, y el diputado acusó a Arias Cañete de traicionar Andalucía con este asunto.

Cañete replicó que La Almoraima ha sido una finca privada desde hace siglos, que se requisó durante la expropiación de Rumasa, y en la que el 75% de sus 15.000 hectáreas son propiedad de operadores privados. "Y si se analiza la situación de conservación de las fincas privadas y públicas es manifiestamente superior en las privadas. Años luz de lo que hacen los operadores públicos", subrayó.

El titular de Agricultura subrayó que Castellar de la Frontera tiene "una enorme tasa de paro" y que el Gobierno pretendía privatizar pero también hacer un plan especial de ordenación de usos para desarrollar económica y socialmente la zona. Un plan que, sostuvo, fue en su momento apoyado por el Ayuntamiento y por los anteriores consejeros de la Junta de Andalucía.

"Pero evitar esta operación ustedes -por el PSOE- han ampliado los límites del parque natural a una zona sin ningún valor ambiental donde sólo hay explotaciones de pastos y ganado, dañando seriamente el desarrollo económico y social de Castellar. Son unos irresponsables. Quieren frenar una operación razonable de privatización en la búsqueda de operadores económicos que conserven el monte y simplemente se oponen", enfatizó.

Arias Cañete insistió en que el Gobierno va a cumplir lo previsto en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas; esto es, la disolución de la sociedad mercantil una vez que sus activos sean vendidos en subasta pública.