La Abogacía del Estado señala a la Junta como responsable de abrir el Guadiaro

La Abogacía del Estado señala a la Junta de Andalucía como la administración competente para abrir la bocana del río Guadiaro en San Roque, que sólo durante el pasado verano se ha taponado hasta en tres ocasiones provocando la muerte de peces por falta de oxígeno en el tramo final del curso fluvial. Así se desprende de un informe solicitado por la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico para aclarar el ámbito de competencias ante la falta de acuerdo que existe entre las administraciones para decidir cuál debe actuar en caso de obstrucción del curso bajo.

El informe, al que tuvo acceso Europa Sur, concluye que la responsabilidad, y por tanto las actuaciones para corregir el problema, competen a la administración regional por tratarse de un río y con un trasfondo de protección medioambiental -salvar la vida de los peces- sin que se pueda considerar una intervención sobre la línea del litoral.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), mantuvo nuevamente la tesis contraria: que Costas como entidad dependiente del Gobierno central debe actuar en la bocana del río y, además, denunció ayer mismo ante los tribunales al delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz; al subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y al jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico por entender que han incurrido en supuestos de prevaricación y delito ambiental.

El informe desgrana primero las diferentes competencias que recaen sobre la administración estatal y la andaluza, delimitando cuestiones como el dominio público o la protección ambiental basándose en la normativa en vigor y la jurisprudencia.

Los abogados subrayan que la finalidad última de la apertura del estuario persigue la protección de especies acuáticas de la zona, por lo que detallan que la competencia estatal en materia de protección y conservación de especies recae sobre los medios marinos, mientras que "el resto de ellas, incluidas aquellas existentes en el medio marino con una continuidad ecológica en el espacio natural terrestre, son competencia exclusiva autonómica". Como el problema del Guadiaro -reza el texto- se basa en proteger la fauna piscícola de la desembocadura del río, una zona netamente fluvial con independencia de la mezcla de masas de agua marina y dulce, "esta Abogacía entiende que quedan fuera de la competencia estatal y se incluyen dentro de la competencia autonómica de conformidad con el artículo 57.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

"A modo de conclusión, esta Abogacía entiende que la competencia para realizar la apertura de la desembocadura del Estuario del río Guadiaro corresponde a la Junta Andalucía, puesto que no se trata de una obra de interés general que persiga restablecer las características de la zona protegida como consecuencia de una alteración artificial o acontecida por un suceso extraordinario, sino que se trata de proteger la fauna piscícola amenazada por una evolución natural de las aguas y de las corrientes marinas y fluviales", dicen. Los abogados refuerzan, además, que se trata de un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000, cuya gestión y conservación depende igualmente de la Junta.

El informe llevó ayer al delegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, a resaltar que queda ratificada la postura mantenida desde la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico y desde la Subdelegación del Gobierno para que actúe la Junta "que hasta ahora ha hecho oídos sordos".

Muñoz cargó contra alcalde de San Roque, a quien acusó de utilizar el Ayuntamiento "como si fuera un ariete contra el Gobierno de España" y de "tapar las vergüenzas" a la Junta de Andalucía. "Ahora, con un informe de la Abogacía del Estado que dice con rotundidad y sin ningún género de dudas quién debe actuar en el estuario, a ver qué actitud mantiene Ruiz Boix", dijo Muñoz.

Antes de difundirse la existencia de este informe, el Ayuntamiento sanroqueño explicó que la denuncia tramitada ante un juzgado local se basa en supuestos delitos de "prevaricación, contra los recursos naturales y el Medio Ambiente y contra la protección de la flora y la fauna". El regidor sanroqueño resaltó que junto al escrito se adjuntan varios documentos "que sirven para sustentar la denuncia". Se trata de un documento remitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en el que se recoge otro que envió este órgano autonómico a la Demarcación de Costas. En él, sostiene que la competencia en estos casos es del Gobierno central y se recuerda que Costas abrió "por su cuenta recientemente y sin polémicas de competencias" la desembocadura del río Salado, en Conil.

San Roque adjuntó a su denuncia el escrito de Costas en el que se acordó archivar el expediente sancionador que se instruyó contra el Ayuntamiento el año pasado, cuando actuó con medios municipales para abrir la bocana.

"Desde nuestro punto de vista quien tiene la capacidad y potestad de sancionar es quien tiene las competencias de ese río y de su bocana: o sea, el Gobierno de España. Y también mantenemos que la apertura de la desembocadura debe considerarse una obra de interés general, y por lo tanto, competencia Estatal", subrayó el alcalde sanroqueño.

La delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz valoró a este periódico que analizará el informe en cuanto les llegue, si bien fuentes del departamento regional recalcaron que el Gobierno central ha tardado un año "en decidir que iban a pedir un informe".

El texto será llevado ante los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para su estudio y con la posibilidad de que los expertos de la administración autonómica también se pronuncien. Medio Ambiente de la Junta resaltó igualmente que se trata de un informe emitido por un organismo del Estado, si bien apuntaron que de ser así los argumentos esgrimidos por los letrados, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y Costas "tendrán complicado" justificar que se actuó en anteriores ocasiones "varias veces y en varios años" en un lugar que no es de su competencia.