NO está Cádiz como para perder proyectos que podían generar empleo y más actividad económica. Por mucho que algunos hablen de saturación turística, no está Cádiz como para perder un proyecto de un hotel de 5 estrellas (que, recordemos, aún no hay ninguno en la ciudad), que encima iba a recuperar el edificio abandonado, desde 1992, en la Punta de San Felipe.

Pues así ha sido. Siguiendo el gafe que tenemos con el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros (ahí están el que se perdió en Valcárcel o el que se encuentra parado desde hace décadas en la Casa del Almirante. Ambos planteados en un principio con la máxima categoría), la operación promovida por la firma Puerto América S.L se ha ido al traste no por falta de interés de esta compañía, si no por la inoperancia de las administraciones. En este caso la central.

Seis años se ha llevado la promotora esperando el visto bueno a esta operación, y otros dos esperando, también, el visto bueno al cambio de uso del suelo dependiente del Gobierno central. Y toda espera tiene un límite, que en este caso se ha superado con creces.

¿Qué va a decir ahora Pedro Sánchez ante este fiasco? ¿Va a llamar pidiendo disculpas? ¿Alguien en Moncloa le va a decir: ojo que existe una ciudad en el sur del sur que se llama Cádiz que necesita un poco de atención? ¿Se tomará el fin de semana para reflexionar sobre este asunto?

Ya puestos, algunos de sus asesores podría aprovechar para prepararle un dossier sobre los ‘debes’ que acumula la administración central con Cádiz. Da la sensación que tras la inversión de 500 millones de euros en el puente de la Constitución de 1812 dijesen en Moncloa: hay que cerrar el grifo a Cádiz. Es como si tras finalizar la segunda ampliación de la terminal de Atocha en Madrid se hubiesen acabado los fondos para la capital, por poner un ejemplo.

La recuperación de las murallas

Es cierto que en los últimos meses se ha activado la recuperación de las murallas exteriores de la ciudad. Pero no ha sido por una inspiración divina del Estado. Ha sido por la presión mediática, la efectiva lata que dio en su día el gobierno de José María González y el trabajo de la Demarcación de Costas gaditana lo permitió volver a ver obras.

Pero aquí no entra la recuperación del castillo de San Sebastián que, no olvidemos, es patrimonio del Estado. ¿Estaría así si el castillo se levantase en Madrid o en alguna ciudad del norte?

En este dossier se podría incluir también la tercera fase de ampliación del Museo de Cádiz... pendiente desde hace tres décadas. Aunque el centro lo gestiona la Junta ,la obra corre a cargo del Ministerio de Cultura que, tenemos que asumirlo, nos tiene algo de manía.

Y ya puestos, también, recordar como en una hábil jugada Adif, una empresa pública estatal, se libró de buena parte de sus responsabilidades en el Plan Plaza de Sevilla, que ahora están en manos del Ayuntamiento.

Hay una maldición que pesa sobre Cádiz. Una maldición que provoca que proyectos de referencia en manos públicas o no se ejecuten o se alarguen en el tiempo, ante la desesperación de una parte de la ciudadanía (de aquella a la que le importa Cádiz, que no es toda la que vive en la capital).

La importante responsabilidad de la Junta con Cádiz

Y si el Estado tiene su porcentaje de participación en esta maldición, la palma se la lleva la Junta de Andalucía.

Lo de la Junta con Cádiz no tiene nombre. O sí.

Tras años de abandono (como los sufridos por el alcalde Carlos Díaz, socialista como los que gobernaban la región en su época), y de zancadillas a la gestión de Teófila Martínez en su primera etapa, la Junta puso sobre la mesa en 2004 dos grandes operaciones urbanas: la construcción de un nuevo Hospital Regional y la apertura de la Ciudad de la Justicia.

No es nada nuevo decir que, dos décadas más tarde, ninguno de estos proyectos ha salido adelante. Es cierto que la gran responsabilidad de este fiasco ha sido del PSOE, pues acumuló quince años para sacarlos adelante. Sin embargo, a las primeras de cambio utilizó la crisis económica para guardarlos en un cajón, sin intención de sacarlas aún se volvieron a los buenos tiempos.

Solar inicialmente previsto para el Hospital Regional.

El PP los recuperó cuando llegó al gobierno regional en 2019.

En esta formación había quienes preferían no mover el asunto, y los papeles, especialmente con el hospital. Al fin y al cabo eran constantes las obras de mejora realizadas en el Puerta del Mar y el Hospital de San Carlos se había integrado a la red sanitaria de la provincia.

Pero construir el Hospital Regional de Cádiz era para el PP poner aún más en evidencia el fracaso socialista. Así que de ahí salió lo de “juanma lo haría”.

Y aquí estamos. Esperando a que Juanma venga y ponga la primera piedra.

Hace más de un año se presentó el inicio del plan funcional del futuro centro médico. Poco más se ha avanzado. Por no tener, no se tiene ni el terreno donde levantar el complejo. Cinco años pendiente de un acuerdo con la Zona Franca. Y porque el Consorcio está en otras cosas y no le dado por decir “hasta aquí hemos llegado”, como los del hotel en el puerto. Y dedicar el suelo a otras cuestiones.

En cuanto a la Ciudad de la Justicia. Cádiz ha aportado sin cobrar el suelo para levantarla. Nada que ver con los 70 millones de euros pagados por la Junta en Sevilla para adquirir el terreno para la sede judicial en la capital regional. Pues ni así han empezado los trabajos.

La Junta extiende su parte de la maldición con Cádiz a otros edificios: Náutica, el mismo castillo de San Sebastián (que ellos iban a recuperar con el Doce), el Centro de Interpretación del Bicentenario, el edificio cerrado de Valdeíñigo y el solar de San Luis, y el inmenso terrenos de San Severiano. Y eso sin contar la ayuda que en su día se prometió para restaurar el Monumento de las Cortes, y que nunca se concretó.

Estado y Junta deberían de ser conscientes de la peculiaridad de Cádiz: pérdida de población, envejecimiento de la misma, suelo de crecimiento casi agotado. No es dar un trato preferencial (que no vendría mal) si no responder en tiempo y forma a las obligaciones que tienen en la ciudad, al desarrollo de sus proyectos con agilidad y a la colaboración en planes de futuro.

El Ayuntamiento tiene la obligación de presionar hasta el agotamiento a ambas administraciones en defensa de los intereses de la ciudad. La propia gestión municipal depende mucho de estas actuaciones.