¿Retraso del impuesto a las bolsas de plástico?

No es algo decidido, y ni mucho menos definitivo, pero todo parece indicar que el 1 de enero no se comenzará a aplicar el nuevo impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso que la Junta de Andalucía ha incluido en los Presupuestos de la Comunidad en 2011.

Esto es, al menos, lo que han dejado entrever fuentes de la Consejería de Hacienda, que reconocen que la Junta está manteniendo negociaciones con el sector comercial y de la distribución, agrupado en torno a la CEA, para acordar un reglamento de aplicación. Entre los aspectos que se discuten está el retraso en la aplicación del impuesto, que podría demorarse al menos hasta después de las fiestas y del arranque de las rebajas. Una fecha para la aplicación podría ser el 25 de enero, aunque este extremo no está confirmado.

La Junta prevé que los establecimientos cobren cinco céntimos por cada bolsa de plástico que el cliente consuma en 2011, y diez en 2012. Solo el primer año, Hacienda espera recaudar por este concepto 45 millones de euros.

El sector pidió públicamente el pasado 23 de noviembre que la Junta de Andalucía retrasara la puesta en marcha de la tasa al menos hasta el 1 de julio de 2011. El argumento de las patronales andaluzas de comerciantes (CECA), alimentación (CAEA), supermercados (ACES) y grandes superficies (Anged) era que los 100.000 establecimientos afectados necesitaban tiempo para adaptarse a la medida, ya que tienen que adaptar sus programas informáticos para las facturas de compra, la gestión del impuesto, la formación a los trabajadores y la información al consumidor. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, respondió a esta petición afirmando que la prórroga ya se había producido, pues la intención inicial de su departamento era aplicar el impuesto desde junio. No parece factible que la Junta acceda a las pretensiones del sector, pero sí se muestra más proclive a retardar unos días el inicio de la entrada en vigor. Así atendería una de las reivindicaciones del comercio, que entiende que la aplicación el mismo 1 de enero supone un grave perjuicio.