Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y el único ex alto cargo que aún tiene por delante varias decenas de causas relacionadas con la macrocausa de los ERE, volvió a declarar ayer en la Audiencia de Sevilla como acusado en una de ellas. El sucesor de Javier Guerrero y Juan Márquez, y el único de los tres que no fue juzgado en la pieza política, compareció ante la Sección Primera después de que esta Sala rechazase la petición de su abogada para que fuese excluido de este séptimo juicio de los ERE, relativo a las ayudas que recibió la empresa cordobesa Industrias Elizana. Su defensa intentó recurrir al principio non bis in ídem, que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, tras su procesamiento y posterior absolución en el procedimiento específico, pero el tribunal no le compró el argumento. Y de nuevo ante los jueces, Rivera se acordó de los órganos que en teoría deberían haberle advertido de que el sistema de concesión de ayudas era irregular. “Durante diez años no se fiscalizó ninguna ayuda”, reconoció.

“La Cámara de Cuentas, la Intervención General del Estado y la Intervención de la Junta no aparecieron, no hicieron su trabajo durante una década. Los órganos de fiscalización estaban para fiscalizar, pero nadie me advirtió”, lamentó Rivera, de nuevo muy quejoso con su situación particular: “De esto he tenido beneficios cero. Sólo he sufrido perjuicios en estos años”, dijo.

“La mayoría de las ayudas no eran mías, pertenecían a un oscuro pasado”, prosiguió Rivera, bajo cuyo mandato comenzaron las revisiones “de oficio” de numerosas ayudas, una vez supo que en determinados expedientes había “intrusos” que no habían trabajado en las empresas subvencionadas y se estaban beneficiando de dinero público. En el caso de Elizana, una empresa de Lucena dedicada a la fabricación de muebles, el antiguo responsable de Trabajo afirmó que “estaba suficientemente clarificado cuál era el objetivo de la ayuda” que él aprobó en septiembre de 2010.

"Nunca he votado al PSOE", afirma el empresario acusado en esta pieza separada de los ERE

En concreto fueron 700.000 euros para cumplir con el compromiso adquirido antes por Guerrero de facilitar 1.150.000 euros a la mercantil, que sólo había recibido algo más de 400.000. “Era una ayuda excepcional, no necesitaba publicidad, y era que evidente que había razones humanitarias o sociales. Si no se pagaba el préstamo, ni había trabajadores ni había empresa”, aseguró. El préstamo había sido concedido por la Caixa previa gestión sobre la marcha de Guerrero, según contó el otro acusado, uno de los propietarios de la empresa. “Nunca he votado al PSOE”, respondió también Pedro J.V. a una pregunta de su abogado.

“En este caso había un compromiso previo de la Administración que no se cumplió”, ratificó el ex director general. “Aparentemente, yo tenía la capacidad de dar ayudas a las empresas. Y estaba amparado para otorgar lo que la Administración ya se había comprometido a dar”, agregó.