Los números que reabren el debate de la financiación de las universidades en Andalucía

La financiación de las universidades públicas andaluzas vuelve, otra vez, al centro del debate. No es una discusión nueva: los rectores y rectoras llevan años reclamando ajustes en el modelo para ganar estabilidad y capacidad de planificación, mientras que la Junta de Andalucía defiende el volumen global de recursos y el reparto anual aprobado. Ese choque, que se ha intensificado en los últimos cursos, tiene una fotografía comparativa en el Informe CYD, que permite situar a Andalucía frente al resto de comunidades con una métrica sencilla: cuánto dinero público llega por estudiante. En ese contexto, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, puso el foco en la misma idea durante el acto de investidura hace dos meses: "La universidad necesita una financiación más justa".

El Informe CYD, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, toma los presupuestos liquidados de 2023 y el alumnado del curso 2023-2024 para comparar, comunidad a comunidad, las transferencias corrientes y de capital por alumno de las universidades públicas presenciales. Es un indicador que no lo explica todo, pero ayuda a entender por qué el debate es recurrente: a igualdad de funciones, el dinero por estudiante condiciona la capacidad real de sostener servicios, personal e inversiones.

Según ese cálculo, Andalucía se sitúa una vez más en la parte baja del ranking, con 8.460 euros por alumno, por debajo de la media española (8.626). La diferencia es de 166 euros por estudiante, un 1,93% menos que el promedio nacional. En la parte alta aparecen comunidades que superan con claridad los 11.000 euros por alumno, como Cantabria (11.680) y el País Vasco (11.283). Por otro lado, la Comunidad de Madrid figura en el extremo inferior, con 6.975 euros por alumno.

El informe dibuja así un sistema a dos velocidades. Y ofrece una clave para interpretar el malestar: en un sistema grande como el andaluz, diferencias relativamente pequeñas por estudiante pueden convertirse en brechas presupuestarias relevantes cuando se agregan a todo el conjunto del alumnado.

El CYD añade un segundo indicador para completar el análisis: las transferencias por alumno en relación con el PIB per cápita de cada comunidad. Andalucía aparece entre las regiones con ratios más elevadas en el mapa del informe, con una ratio de 33,5% de transferencias por alumno sobre PIB per cápita regional, frente al 27,8% de media española. Es decir, la comunidad no está en cabeza en euros por estudiante, pero su posición mejora cuando se corrige por nivel de renta. Esto sirve para explicar por qué el debate se enreda: una cosa es euros por alumno y otra el esfuerzo relativo.

Tasas: Andalucía contiene los precios

Junto a las transferencias públicas, las tasas académicas constituyen otra fuente de ingresos del sistema. El Informe CYD sitúa a Andalucía en una posición moderada-baja en ingresos por tasas, precios públicos y otros conceptos por alumno. Y al entrar en el detalle del precio del crédito, el patrón es claro: en la primera matrícula de grado, Andalucía cobra 12,62 euros por crédito, frente a 15,37 euros de media nacional. En másteres no habilitantes, la diferencia es más acusada: 13,66 euros frente a 30,04.

Esta política de contención de precios públicos favorece el acceso a la educación superior, pero limita el margen para reforzar ingresos propios si no existe una compensación paralela mediante transferencias. El equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad financiera es uno de los puntos sensibles del modelo.

También hay que tener en cuenta que desde el curso 2019-2020 los precios públicos han bajado en España de forma notable (promedios: -19,6% en grado, -33,4% en máster habilitante, -13,3% en el resto de másteres), y aun así persisten diferencias regionales muy marcadas.

La Junta defiende su eficiencia universitaria

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha salido al paso de las críticas al modelo andaluz del Informe CYD defendiendo que el "Ministerio competente la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reconocen que Andalucía es la región que mejor financia a sus universidades". Tras ser consultada por este periódico, la Consejería sostiene que la Fundación CYD "es una agrupación empresarial" y rechaza que la inversión por estudiante sea un indicador fiable y suficiente por sí solo. Su argumento es que cada universidad tiene una estructura de plantilla distinta, y que ese factor determina en mayor medida el coste operativo real de cada institución.

Desde la Consejería añaden que la mayoría de rectores de las universidades andaluzas comparten esta visión y "no están de acuerdo con que se aplique ese parámetro en el modelo de financiación". La Junta insiste, además, en dos ideas: el peso del sistema andaluz por volumen ("Somos el mayor sistema universitario de España") y la eficiencia del conjunto.

Fortalezas en movilidad internacional e innovación

Pese a la presión financiera, el Informe CYD destaca dos áreas en las que Andalucía sobresale. En primer lugar, la comunidad se consolida como destino fuerte en movilidad temporal (credit mobility), por la proporción de estudiantes internacionales que realizan estancias académicas en sus campus. En concreto, Andalucía figura como la segunda comunidad de destino por proporción, con 4,65%, prácticamente empatada con Madrid (4,63%) y solo por detrás de Cataluña (5,85%).

En segundo lugar, Andalucía aparece como tercera comunidad en colaboración universitaria en programas del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) resueltos en 2024, con 34 subcontrataciones y 3,9 millones de euros, sólo por detrás de Cataluña (37 subcontrataciones y 2,3 millones de euros) y Madrid (36 subcontrataciones y 4,4 millones de euros).

El debate sobre la financiación universitaria en Andalucía queda, por tanto, enmarcado en un contexto complejo: transferencias por debajo de la media, tasas contenidas y buenos resultados en indicadores de atracción internacional e innovación aplicada. La cuestión que se repite, al final, es la misma: cómo garantizar estabilidad para planificar sin trasladar el coste al estudiante y con qué criterios se distribuye el presupuesto en un sistema que afronta nuevos retos normativos y presupuestarios.