El Gobierno intervendría a las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda si tuviera mayoría en el Senado

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como Andalucía, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera aplicado", ha dicho la ministra, quien ha explicado que la imposibilidad de la intervención sobre las comunidades autónomas "es una manera elocuente de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional".

En unas afirmaciones que ha recogido Europa Press, Rodríguez ha asegurado que "le llevan los demonios" tener una herramienta como la Ley de Vivienda "que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler" y que existan situaciones en otras regiones "donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos".

"Como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues me encantaría intervenir con la aplicación de un 155" en las comunidades autónomas que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional", ha recalcado la ministra, quien se ha referido expresamente a la Comunidad de Madrid.

Rodríguez ha subrayado que la Ley de Vivienda le permite instar a las comunidades autónomas a regular los alojamientos turísticos o de temporada e impulsar la vivienda protegida. "Y después hay una variante que yo tampoco puedo ocultar a la opinión pública y a la ciudadanía y es que construir viviendas, que es el objetivo prioritario, lleva tiempo", ha señalado la ministra, haciendo alusión a la implantación mientras tanto de medidas provisionales.

Menos vivienda social que alojamientos turísticos, la "gran anomalía"

Rodríguez ha denunciado que durante mucho tiempo "este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda". "Tampoco nos tomamos en serio que teníamos un mandato constitucional de desarrollar una ley y hemos tardado 45 años en hacerlo", ha indicado.

La ministra ha insistido en que el derecho a la vivienda "no es un derecho de segunda", sino un derecho consagrado en la Constitución, donde existe un claro reparto competencial

"No nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias autonómicas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio", ha señalado.

Rodríguez ha apuntado a la existencia de una "gran anomalía", que en España hay "menos vivienda social que alojamientos turísticos", una dinámica que, según ha declarado, está intentando revertir el Gobierno.

La ministra ha recordado que España fue el primer país en aplicar el reglamento europeo para abordar los alojamientos de corta duración, que ha permitido aflorar 87.000 viviendas turísticas ilegales. "Con 87.000 viviendas turísticas ilegales, que podrían ser viviendas residenciales, estaríamos dando respuesta a esas personas que hoy necesitan del escudo social, que las organizaciones sociales estiman entre 50.000 y 60.000", ha señalado.

"Yo aplico la normativa autonómica y europea pero ¿qué sucede cuando llega al ámbito competencial de la comunidad autónoma?", se ha preguntado retóricamente la ministra, que ha puesto como ejemplo a Andalucía, "la comunidad autónoma donde más alojamientos turísticos ilegales hemos detectado". "Pues en lugar de decir voy a ver qué hago con estos ciudadanos para orientar las viviendas con carácter residencial, lo que han hecho es recurrir la norma", ha dicho Rodríguez en referencia a la norma estatal de registro de alojamiento turístico que, según ha dicho, en alusión al recurso de la Junta de Andalucía, "han recibido un varapalo por parte de las instituciones europeas, porque han de acogerse a la normativa estatal".

La inaplicación de la Ley de Vivienda responde a un cálculo electoral

La ministra ha recordado que, gracias a la Ley de Vivienda, se puede poner un tope al precio de los alquileres en zonas tensionadas, como en Navarra, que ha logrado recortar el precio un 8,5%. "Eso no pasa en Madrid porque el PP no quiere. Eso no pasa en Andalucía porque el PP no quiere. Eso no está pasando en Zaragoza porque Azcón no quiere", ha criticado la ministra.

Rodríguez cree que esta actitud del PP se debe a un "mero cálculo electoralista". "Porque cuando yo me siento con los consejeros y consejeras del PP y les ofrezco herramientas, 7.000 millones, construir un 40% de vivienda de esos 7.000 millones en vivienda pública y asequible, e incluso proteger la vivienda con carácter permanente, estoy encontrando apoyo, estoy hablando con ellos. Yo aspiro a sacar el Plan Estatal de Vivienda con acuerdo", ha dicho la ministra, quien se ha reafirmado en su objetivo de que este plan se apruebe en el Consejo de Ministros dentro del primer trimestre de este año.

Para la ministra, hay quien está utilizando la vivienda como parte de la "baraja electoral", cuando en realidad "es la vida de la gente y hay que preservarla por encima de todo".