Ante una nube de fotógrafos y cámaras de televisión, la comisión de investigación de los ERE que se celebrará hasta el 31 de agosto en el Parlamento andaluz comenzó ayer con un estreno abrupto, protagonizado por la negativa de los primeros comparecientes a contestar a las preguntas de los partidos políticos, y salpicado por la polémica generada a raíz de que la comisión impidiese a los convocados ausentarse durante los interrogatorios.

Acompañados en todo momento por sus abogados, el ex parlamentario socialista Ramón Díaz, el ex alto cargo de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois y el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet se acogieron a su derecho a no declarar por las consecuencias que les depare en el procedimiento judicial abierto por la juez Mercedes Alaya. Los tres están imputados.

Los dos primeros amenazaron a los miembros de la comisión con emprender acciones judiciales contra ellos si no se les permitía ausentarse durante los interrogatorios, decisión que negó la comisión con los votos de PP e IU y la postura contraria del PSOE. Los socialistas declinaron entonces preguntar oralmente a los comparecientes, que asistieron la inmensa parte del tiempo en silencio, y reclamó entregar las preguntas por escrito, lo que no aceptó el presidente de la comisión, el diputado de IU Ignacio García, al no haberse aprobado así en el plan de trabajo.

El origen de la polémica de la jornada tuvo lugar en la tempranera comparecencia del ex diputado socialista y ex asesor de la Consejería andaluza de Empleo Ramón Díaz Alcaraz, al que la juez Alaya atribuye una "activa participación" en la inclusión de intrusos (personas que nunca trabajaron para esas empresas) hasta en tres ERE.

Díaz inició su comparecencia con una lectura de poco más de diez minutos en la que aseguró que "tiene la conciencia tranquila" y que "jamás conoció una actuación ilegal, ni siquiera irregular", durante los cuatro años en los que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo. Díaz lamentó que "haya calado en la opinión pública una injusta relación entre fraude y ERE", porque las ayudas permitieron llevar "una vida digna a miles de trabajadores expulsados del mercado laboral".

El compareciente imploró ausentarse de la sala cuando iba a iniciarse la lectura de las preguntas, al entender que podría sentirse obligado a contestar cuando había expresado su voluntad de no hacerlo. El presidente de la comisión le informó de que la comparecencia incluía las preguntas y que, de ausentarse, podría incurrir en un delito de desobediencia. Díaz Alcaraz insistió en que había cumplido y reiteró que no tenía inconveniente en que le remitiesen las preguntas por escrito.

El presidente de la comisión suspendió entonces la sesión para deliberar con los miembros de la misma en una reunión en la que participó el letrado de la Cámara Plácido Fernández-Viagas. En los trabajos previos no se había contemplado esta posibilidad, pese a que era previsible que muchos de los comparecientes, sobre todo entre los imputados (diez de los 25 convocados) se negasen a declarar.

Los miembros de la comisión regresaron casi una hora después con la decisión de que Díaz estaba obligado a permanecer y escuchar las preguntas. El ex diputado rebatió la decisión de una manera sorprendente: amenazó con emprender acciones judiciales contra los parlamentarios al considerar que el interrogatorio pudiera ser una coacción.

El enfrentamiento con Ignacio García se zanjó al mantenerse firme el presidente en que la sala no variaría su postura al entender que no se conculcan ninguno de los derechos de los comparecientes al escuchar las preguntas.

La diputada de IU Alba Doblas comenzó la ronda de preguntas ante el gesto de claro enfado de Díaz, que miraba al móvil constantemente. El ex diputado fue interrogado por la aparición de su firma en el ERE de Delphi, si tenía conocimiento de las listas de los ERE y la inclusión de intrusos, por su relación con el sindicalista y conseguidor Juan Lanzas, por su presunta participación en una reunión en la sede de Empleo en la que pudieron destruirse documentos, así como por si existieron presiones internas en el PSOE para que fuese diputado y por lo tanto aforado la pasada legislatura, ante la renuncia de quien la precedía en la candidatura, entre más de 30 preguntas.

Díaz volvió a protestar y amagó con ausentarse, argumentando que no era una comparecencia jurídica, sino de carácter político. El presidente, aconsejado por Fernández Viagas, preguntó a Díaz si tenía algún problema físico o psíquico que le forzara a abandonar la sala. Díaz negó.

El grupo socialista rehusó preguntar a Ramón Díaz por "respeto" a la decisión que había tomado, lo que agradeció el compareciente. El presidente de la comisión recordó que el método de las comparencias se basa en la "oralidad". El PP bombardeó con más de 50 preguntas a Díaz, que interrumpió el cuestionario en una única ocasión para protestar ante el requerimiento de si había cobrado comisiones.

Díaz concluyó la ajetreada comparecencia afirmando que se habían "aseverado cuestiones que agreden a mi honestidad, cuando he explicado en qué consistieron mis funciones (...). Las preguntas van a causarme un terrible daño porque voy a tener que contestar sobre este caso cuando esté obligado por la juez Alaya y aquí no puedo contestar", concluyó.

Una hora después compareció el ex jefe de servicio de la Consejería de Empleo Antonio Diz-Lois, que al igual que por la tarde Fernando Mellet, anunció que no respondería a las preguntas de la comisión.

Diz-Lois, que admitió su nerviosismo, aseguró en la lectura de un texto que era un "simple jefe de servicio" en la Consejería de Empleo.

Funcionario de carrera, trabajó en Empleo de 2001 a 2006 y luego pasó como director de Finanzas a la agencia Idea de la Consejería de Innovación. "Jamás he sido asesor o intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados", afirmó. También amenazó con emprender acciones judiciales por una "presunta coacción" y una "restricción al derecho a la defensa". Sólo interrumpió cuando IU le preguntó si había cobrado comisiones fuera de su salario y dejó otro centenar de preguntas sin contestar.

A las 16:30, el ex gerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet, leyó durante más de media hora 17 folios sobre su experiencia en la empresa municipal. Denunció ser objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que atribuyó a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar "altas" cotas el poder. Acusó al PP en su turno de querer "intimidarlo". La juez imputa a Mellet la inclusión de intrusos en Mercasevilla y, en otoño, se enfrentará a un juicio sobre un intento de soborno de más de 400.000 euros a dos empresarios hosteleros.

El caso Mercasevilla fue el embrión del caso de los ERE.