La comisión de investigación sobre el presunto fraude en la concesión de ayudas con cargo a las partidas de los ERE de la Junta de Andalucía comienza hoy en el Parlamento andaluz con malos augurios sobre lo que serán los resultados. Los partidos que deben esclarecer las responsabilidades políticas de este caso de corrupción se enredaron ayer en varias trifulcas, la más destacada, la que tiene que ver con el reparto de tiempo de los 25 comparecientes en la comisión.

Otra piedra en el camino para la investigación fue el anuncio de la ausencia de Magdalena Álvarez, por razones de agenda, y de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde y empresario que supuestamente recibió ayudas y al que la comisión no logra localizar. Ambos se ausentarán de esta primera ronda que finaliza el 31 de agosto.

Según explicó el presidente de la comisión de los ERE, el diputado de IU Ignacio García, cada sesión comenzará con la intervención del compareciente, que dispondrá de un tiempo máximo de una hora. Posteriormente se iniciará un turno de pregunta-respuesta por parte de cada grupo parlamentario, 20 minutos cada uno para IU, PSOE y PP, en orden de representación parlamentaria, y al concluir éste, si los grupos lo solicitan, un segundo turno de diez minutos para cada formación. Para finalizar, 30 minutos para el compareciente. García apuntó que el método de interrogatorio (al 50% entre declarante y grupos) está "perfectamente equilibrado" y fue propuesto basándose en un criterio de "racionalidad".

Así lo aprobó la comisión a puerta cerrada, con los votos de PSOE e IU. El PP votó en contra al considerar un "engaño" y una "burla" que, de tres horas, cada grupo tenga para cada compareciente un máximo de 30 minutos, explicó en rueda de prensa el diputado popular Rafael Carmona.

Los populares acusaron a PSOE e IU de aliarse para que los grupos sólo puedan hacer entre seis y ocho preguntas por compareciente, ya que en ese interrogatorio el compareciente puede demorarse lo que desee en las respuestas. "El protagonismo de los grupos estará en la elaboración del dictamen, donde no tendrán límite de caracteres", apuntó García.

Otro de los puntos de discrepancia del PP fue la negativa de PSOE e IU a que Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía entre 1994 y 2004, comparezca el día 30 (que acuden Arenas y Zoido) tras justificar su ausencia el 28 por una reunión del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo. La comisión decidió posponer su intervención a una "segunda fase" de comparecencias, una opción que se estudiará el día 5 de septiembre.

En el caso de Rodríguez de la Borbolla, García explicó que se le ha buscado por "muchos y variados métodos". Su domicilio está localizado y es conocido en el pueblo donde fue alcalde, Cazalla de la Sierra, e incluso ha colaborado la Delegación del Gobierno, pero no ha habido manera al encontrarse de viaje en el extranjero. "Habrá que esperar a que regrese a ver qué se puede hacer", aseguró García.

Los comparecientes están obligados por ley a comparecer bajo pena de desobediencia. Otra cuestión es que se nieguen a declarar, derecho al que pueden acogerse si creen que hablar les perjudicará en un proceso que, hay que recordar, sigue su instrucción en el juzgado número seis de Sevilla.

De hecho uno de los llamados hoy, el ex asesor de Empleo Manuel Diz-Lois, ya ha anunciado a través de su abogado que no declarará. La comisión convoca también a Fernando Mellet, ex director de Mercasevilla, y Ramón Díaz, ex diputado del PSOE, al que la juez atribuyó una "activa participación" en la inclusión de intrusos en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo. Sobre Mellet y Díaz también existen dudas sobre si declararán.

Diez de los 25 comparecientes convocados a la comisión están imputados por la juez Mercedes Alaya.