A principios de 2021, la Junta de Andalucía puso en marcha un cambio en el programa Séneca, en el que se registran todos los datos del alumnado, que respondía a una reivindicación de los padres de alumnos no conformes con su identidad de género: que la ficha de los estudiantes recogiera la información del sexo sentido en el caso de aquellos que lo solicitaran (los tutores, en el caso de los menores). Una funcionalidad que desde entonces han utilizado 560 andaluces entre Primaria y Bachillerato (en el sistema público hay aproximadamente un millón de estudiantes).

Este reconocimiento documental de la autodeterminación de género es un desarrollo del Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Los directores de los centros tienen la potestad para realizar un cambio de forma transitoria (que puede convertirse posteriormente en oficial) en la identidad del alumnado en el supuesto de que este necesite ocultación de su identidad, tenga solicitado un cambio administrativo de identidad (en el Registro Civil) o un cambio de sexo sentido. Esa nueva identidad sustituye a la anterior en todos los registros funcionalidades y documentos que se generen desde Séneca. Este cambio puede revocarse fácilmente, recuperando la información anterior en todos los registros, ficheros y documentos (oficiales y no oficiales).

Según los datos de la Consejería de Desarrollo Educativo, 560 personas han pedido ese cambio desde que se habilitó esa funcionalidad. El Protocolo también incluye otras prescripciones, como garantizar que el alumno acceda a los aseos y vestuarios que le correspondan en función de su identidad de género, la libertad de uso de la vestimenta que desee o la realización de actividades de sensibilización y formación para alumnado y plantilla de los centros educativos. Con ello se pretende evitar que la manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede provocar “problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional”.

La norma también establece que el plan de convivencia del centro debe recoger las medidas necesarias “para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse”, activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente deberá remitir un informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda.

La atención a la identidad de género en los centros educativos trata de uno de los aspectos regulados dentro de la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, más conocida como Ley Trans. Aprobada en 2014, fue la primera del país en regular la autodeterminación de género y ha servido de modelo para la normativa de otras comunidades autónomas. Ahora, vuelve a recordarse ese hito en pleno debate de la ley nacional, que ha generado una fuerte polémica.

Su aplicación en el ámbito educativo ha sido total, explica la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (Ata), Mar Cambrollé. “El Protocolo de educación funciona al 100% en colegios, institutos y universidades, facilitando que el alumnado no abandone sus estudios”, explica. "No podemos más que estar orgullosos del personal docente, que tiene una actitud proactiva y de respeto" y utiliza en todo momento el nombre social del alumno y el género al que este se adscribe. Antes de la aprobación del protocolo, los estudiantes se enfrentaban a encontrarse su nombre oficial, aquel con el que fueron inscritos en el Registro Civil, en listados públicos, los exámenes, las plataformas digitales o al pasar lista. "Solo la persona trans que sufre esto sabe cómo puede afectar a tu autoestima", destaca Cambrollé.

La también presidenta de la Federación Plataforma Trans apunta también a otro ámbito clave en el que la Ley andaluza ha sido un éxito: el sanitario. "Se están cumpliendo los estándares internacionales, de la OMS, despatologizando a las personas trans y sin segregarlas", al tratarlas en los servicios sanitarios comunes. La formación de los profesionales y el uso del nombre social también en las tarjetas y centros son otros de los avances que ha permitido la normativa andaluza. Todos ellos a la espera de que se apruebe la normativa nacional que regule un aspecto que no puede legislar ninguna comunidad autónoma: el libre cambio de nombre y sexo en el Registro Civil, la identidad legal de las personas trans.