Al Algarrobico le quedan años

El periplo judicial del hotel Algarrobico todavía no ha terminado. Ni es previsible que lo haga en un futuro inmediato. El último movimiento lo dio en las últimas horas la promotora Azata del Sol, que ha presentado alegaciones contra el expediente de expropiación iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y cuyo objetivo final es proceder a la demolición del inmueble. Este extremo fue confirmado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández quien señaló que las mismas, se habían producido en “tiempo y forma”. El siguiente paso es que la Abogacía del Estado emita un informe en el que, previsiblemente, rechazará dichas alegaciones.

El Gobierno central había dado un plazo de ocho días hábiles a la promotora para presentarlas, aunque Azata pretendía que fueran sesenta días. En cualquier caso, no parece haber otro motivo que alargar un procedimiento que, no hay que olvidarlo, hunde sus orígenes hace más de dos décadas. El máximo representante del Gobierno central en Andalucía, reconocía que “la idea evidentemente es que se resuelva en los plazos que más o menos vienen previstos y que, por lo tanto, podamos tener lo antes posible ese informe”.

¿Cuál es el siguiente paso? Si se da por hecho que el informe de la Abogacía será contrario a los intereses de Azata, se presentará de inmediato un pleito ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no paralizará el procedimiento de expropiación. Sólo se hará si se conceden unas medidas cautelares (que pedirá la empresa con total seguridad) que el alto tribunal no parece demasiado dispuesto a darlas, toda vez que sus decisiones sobre el hotel han sido reiteradamente incumplidas o dilatadas. La decisión del TSJA tampoco será el último paso judicial, ya que la misma puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Es decir, el panorama que podríamos tener en unos meses es que los terrenos del espacio público marítimo-terrestre (bajo la gestión del Gobierno central y que son 16.432 metros cuadrados) estén expropiados, los de la Junta de Andalucía no lo estén porque el Gobierno autonómico ha reiterado que no tiene intención de hacerlo y el edificio todavía en pie. Sea como fuere y por rápido que estos trámites se resuelvan, la fecha dada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que expira el 10 de julio, o la alternativa que la titular del Miteco, Sara Aagesen ofreció de “antes de fin de año”, no se van a cumplir. Ninguna de las dos.

Según José Ignacio Domínguez, abogado que ha defendido los intereses de Greenpeace en todo este proceso, “es cierto que la manera más rápida de afrontar este asunto es mediante la expropiación de los terrenos”, aunque a su entender falta una pieza fundamental que todavía no se ha dado: “la participación de la Junta, es decir, que expropie los terrenos que están bajo su protección. Es algo indispensable”. Para Domínguez, la actuación de la administración autonómica, “las dos, es decir tanto la de los populares, como la de los socialistas, es lamentable. Públicamente dicen que están por el derribo del hotel y después no actúan para que se pueda llevar a cabo”.

Se refiere a la actuación del abogado que defiende los intereses de la Junta en todo este procedimiento. Domínguez entiende que la manera más rápida de encararlo es “una vez que se ha perdido la oportunidad de ejercer el derecho de retracto, que sea el TSJA quien dictamine la nulidad de la licencia de obras”. En su opinión, “el Ayuntamiento no lo va a hacer nunca. Lleva tres años en vía muerta y tardará otros tantos o más en decidir”. La actitud del Consistorio queda en entredicho si se tiene en cuenta que hay una sentencia firme que le obliga a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para clasificar los terrenos en los que se asienta el Algarrobico como protegidos. Es de 2019 y todavía no lo ha hecho.

Además, sea cual sea la decisión que adopte, tanto si declara la licencia como legal (“que no lo descarto”), como ilegal, habrá el correspondiente recurso. En el primer caso, “se recurrirá por parte de los colectivos ecologistas; en el segundo, por parte de la empresa promotora”, con lo cual se aseguran años de pleitos y conflictos en distintas instancias judiciales. “Sólo con la anulación de la licencia de obras por parte del TSJA se agilizaría la consecución que pretendemos, es decir, el derribo del hotel”.

Domínguez sentencia que, siempre que se produzca ese cambio de opinión de la Junta de Andalucía y se lanzara a expropiar los terrenos que le corresponde, “podríamos tenerlos expropiados para poco después del verano”. Lo que no se atreve es a aventurar una fecha en la que el hotel más polémico de la costa española pueda desaparecer del paisaje del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar: “yo no diría que le quedan meses. Le quedan años”.

Sirva como ejemplo que el año que viene se cumplen 20 años desde que un Juzgado de lo Contencioso de Almería suspendiera las obras. Desde entonces y pese a que ha quedado acreditado que el hotel es ilegal porque invade la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas y está construido dentro de un espacio protegido, no ha sido posible proceder s su demolición. Todavía queda tiempo para poder verlo desaparecer.