Todavía no se conocen los detalles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Está en elaboración y no con pocas dificultades, pero Susana Díaz está convencida de que serán “buenos para Andalucía”. El texto legislativo que prepara la ex consejera de Hacienda –ahora ministra– María Jesús Montero camina con paso lentísimo hacia unas Cortes controladas por la mayoría de PP y Ciudadanos, pero si finalmente hay cuentas estatales para el año próximo la inversión en Andalucía estará cercana al 18% del total.

Es lo que adelantó ayer la presidenta de la Junta en el Parlamento durante su intercambio quincenal con el líder de Ciudadanos, Juan Marín. Su ex socio preferente le había preguntado por el nivel de ejecución del Presupuesto vigente de la Junta. Ella lo despachó en menos de tres minutos, cifrando en un 95% el porcentaje del capítulo de gastos que el Gobierno andaluz habrá llevado a cabo cuando acabe el año.

Marín se acordó de las infraestructuras pendientes, muchas bloqueadas desde Madrid. El líder naranja se lo puso fácil a la jefa del Ejecutivo para recordarle que su partido hace de muleta con el PP al igual que lo hacía con el PSOE sureño. Díaz incluso se atrevió a vaticinar que los diputados de Ciudadanos no apoyarán el proyecto de cuentas que presente el Gobierno de Pedro Sánchez.

El propio presidente garantizó ayer desde Nueva York habrá debate presupuestario en la Cámara Baja, aunque María Jesús Montero tenga que confeccionar su proyecto de ley con el techo de gasto aprobado por el PP ,ante la imposibilidad de cambiar la senda de estabilidad por el bloqueo de populares y naranjas.

Con esos mimbres será más difícil armar unas cuentas expansivas, pero Díaz se mostró ayer convencida de que a Andalucía vendrá más dinero que el que ha llegado este año.

La olvidada disposición adicional del Estatuto

Tras aludir a una conversación con el propio Pedro Sánchez, la presidenta andaluza sugirió que, en el proyecto de Presupuestos para 2019 se cumplirá la disposición adicional tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007. O, al menos, la inversión total regionalizada oscilará entre el 17% y el 18% del total, es decir, se corresponderá con el peso poblacional del territorio en relación con el conjunto del país.

Esta disposición fue vinculante durante los siete años posteriores a la reforma del Estatuto, es decir, caducó en 2014, pero casi nunca se cumplió. Sólo el primer proyecto de Presupuestos aprobado tras la entrada en vigor de la máxima norma andaluza, el de 2008, se acercaba al polémico porcentaje.

José Luis Rodríguez Zapatero estaba en La Moncloa, pero después no volvió a cumplirse esta cláusula, tampoco cuando el Gobierno cambió de manos. Mariano Rajoy no se acordó de la disposición adicional tercera, lo que permitió a la Junta utilizar este argumento en su contra.

Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, Andalucía tiene muchas posibilidades de recibir una cantidad similar a la estipulada en su Estatuto, pero no podrá cobrarse los retrasos, algo que sí ha conseguido el Gobierno catalán en aplicación de un precepto similar a la disposición adicional tercera andaluza.

La Generalitat recibirá 750 millones correspondiente con una cantidad reconocida en 2011 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aludiendo precisamente a los incumplimientos de la cláusula estatutaria catalana. Ese dinero –y otros 700 millones que llegarán a Cataluña por el despliegue de los Mossos d’Esquadra– saldrá de las arcas estatales en virtud a un acuerdo bilateral entre Madrid y Barcelona.

Avanza la reforma de la financiación

Antonio Ramírez de Arellano y María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz

Desde el Ministerio de Hacienda garantizan que ninguna medida que afecte al conjunto de las regiones se verá afectada por las negociaciones entre el Gobierno de la nación y el de la Generalitat. En ese cupo de iniciativas que se debatirán en foros multilaterales –por compromiso del departamento que dirige María Jesús Montero– está la reforma de la financiación autonómica.

Esta remodelación retomó el miércoles su actividad en una reunión del grupo político impulsado desde el Ministerio de Hacienda para avanzar en la reforma. A partir de ahora habrá una reunión mensual de todas las regiones y el Gobierno, pero Andalucía podrá defender sus intereses de forma directa en una reunión entre la propia ministra y el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano.

Susana Díaz reveló ayer en el Pleno que ambos se verán el próximo 8 de octubre. Allí, Ramírez de Arellano le recordará a su predecesora el acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz sobre financiación y que la región debe recibir 4.000 millones de euros más al año para poder sufragar los servicios públicos que presta.