La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, aseguró ayer que el Gobierno andaluz apoya la fianza de 686 millones de euros impuesta al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, para poder salir de prisión.

Moreno, que visitó ayer Torrox (Málaga), explicó a Efe que la Junta respaldará "cada paso que dé el juzgado", ya que fue el Ejecutivo autonómico el que denunció este caso, y por tanto es "el primer interesado" en que se llegue hasta el final. La consejera recordó que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ordenó investigar este asunto "desde el minuto uno", por lo que expresó su conformidad con las acciones que vaya ejecutando la juez Alaya. Asimismo, Moreno insistió en que esta forma de actuar del PSOE le diferencia del PP, que utiliza la corrupción para beneficiarse electoralmente, "pero la tapa" cuando se trata de situaciones que afectan a esa formación. La consejera señaló que ve "lógico" que la juez rechazara expulsar a la Junta como acusación particular en el caso de los ERE como solicitó la defensa de Guerrero porque es la Junta quien lo ha denunciado y reiteró el compromiso del Gobierno andaluz de echar de la política al que se aprovechara de ella y recuperar hasta el último euro defraudado.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, pidió explicaciones al presidente Griñán, por la "cifra de la vergüenza" de 700 millones de euros derivados del "escándalo" de ERE, cuando el Gobierno andaluz calculaba "en nueve millones" el dinero que se había podido defraudar. En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Sanz cuestionó al presidente andaluz "cómo pudo en 2011 hablar de que solo se calculaba por parte de la Junta en nueve millones el dinero que se había podido defraudar" cuando el pasado viernes "conocimos que hablamos de más de 700 millones", en alusión a la fianza que la juez Alaya impuso a Guerrero.

Sanz manifestó que "una vez más, se demuestra que la Junta ha mentido desde el principio en este proceso, que ha querido poner todas las zancadillas a la investigación judicial y que hace todo lo posible por ocultar el fraude". Para el dirigente del PP, con el "interés" del presidente de la Junta en "tapar la verdad sobre el escándalo", Griñán "demuestra que lo sabía, que lo ocultó y que, por acción o por omisión, tiene una enorme responsabilidad en este fraude". De este modo, el secretario general de los populares andaluces exigió que "se recupere, devuelva y exija hasta último euro", porque "el partido de los ERE no puede gobernar Andalucía". Sanz, incluso, se permitió un juego de palabras en su declaración: "tenemos que pasar de la era de los ERE a la era del empleo", dijo.

Mientras tanto, el proceso de investigación judicial sigue su curso y el martes Mercedes Alaya tomará declaración a Juan Francisco Trujillo (el chófer de Guerrero), quien declaró que con parte de los 1,3 millones de euros percibidos de la Junta compró cocaína para su jefe y pagó "copas y fiestas". Trujillo debe ratificar su declaración ante la Policía, a la que aseguró que devolvió parte de las ayudas "en mano" a su jefe y con otra parte compró cocaína para él y pagó "fiestas y copas".

Entre otras, el chófer recibió en 2004 dos subvenciones de 450.000 euros cada una para dos proyectos de su propiedad, denominados Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial S. L., la primera destinada a crear una empresa de muebles y la segunda para un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar. Con el dinero de la primera se compró un terreno en lesa zona destinado a casas rurales y con el segundo un piso en la calle San Luis de Sevilla.

En el auto de prisión de Guerrero, la juez Alaya citó entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su chófer, ya que, respecto a las iniciativas empresariales para las que recibió el dinero "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo". También imputó al ex director general de Trabajo haber entregado una ayuda de 122.649 euros a la madre de su chófer y, a su vez, haber recibido del conductor entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano.

Según la declaración policial de Trujillo, entre 2006 y 2007, cuando trabajaba como conductor de Guerrero, éste le vio preocupado, por lo que "se interesó por su estado" y entonces le contó que su empresa Lógica Estratégica Empresarial estaba "acuciada por las deudas". Un mes después, Guerrero le llamó a su despacho, le pidió el número de una cuenta bancaria de una persona mayor de edad y él facilitó el de su madre. Según su declaración, un mes después Guerrero lo volvió a llamar y el 18 de abril de 2007, en el despacho del ex director general, Trujillo "suplantó" la firma de su madre en la póliza, tras lo cual empezó a recibir dinero, que su madre retiraba y le entregaba.

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