El sector del taxi ha presentado este viernes los detalles del recurso presentado el pasado diciembre ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta de Andalucía que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) para que puedan seguir operando en las ciudades.

A juicio de las asociaciones representativas del sector del taxi en Andalucía, el decreto-ley 8/2022 es inconstitucional porque, en primer lugar, incumple el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el Estatuto de autonomía de Andalucía para regular la materia mediante decreto-ley. Además, vulnera tanto la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, al no respetar las competencias propias de los ayuntamientos en materia de movilidad urbana ni permitir la participación de éstos en la elaboración de la norma, como las competencias atribuidas del Estado, puesto que la Junta no puede sustituir la exigencia de obtención de una autorización previa para prestar servicios urbanos por el mecanismo de habilitación automática sin control previo.

En palabras de Miguel Ruano Bravo, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, con la presentación de este recurso no se intenta otra cosa que "poner justicia a un decretazo que la Junta de Andalucía, después de cuatro años, confeccionó de manera exprés en apenas 25 días de una manera urgente". La Junta de Andalucía ha cometido, según Ruano, "un engaño" durante cuatro años, y luego "un atentado contra la permanencia de esta actividad", para de facto liberalizar la VTC y darle permanencia en el tiempo. Así, adelantó que éste es el primero pero no el único de los recursos que tienen previsto interponer.

Por su parte, Rafael Baena, presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, calificó de "atropello político" por parte del Gobierno de Juanma Moreno el intentar sacar adelante un "decretazo chapucero y sin efecto en beneficio de multinacionales y amiguetes", que pone en peligro no sólo el medio de vida de 10.000 familias andaluzas que dependen del taxi, sino del interés general de 8,5 millones de andaluces, puesto que el taxi debe seguir siendo un servicio público, de interés general, regulado y de calidad y asequible a todos los ciudadanos.

Un decreto, según ha continuado Baena, que nace sin memoria económica, sin reglamento y sin un régimen sancionador adecuado. "Hace un año ya denunciamos en dos consejerías las irregularidades o presuntos delitos que se estaban cometiendo, favoreciendo a grandes empresas de VTC. El presidente Moreno Bonilla es conocedor de esto y se puso de perfil", ha afirmado, reiterando que el sector del taxi se siente "traicionado" por un Gobierno que "abusa de una mayoría de poder que, recordemos, le dio el pueblo".

En el acto también ha intervenido Rafael Mayoral, portavoz en la comisión de Transporte en el Congreso de los diputados por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, quien ha tachado de "atropello" este decretazo. "El decretazo Uber del señor Bonilla es un atentado contra la autonomía municipal en el que se pisotean los elementos más fundamentales del derecho al autogobierno municipal básicamente para proteger los intereses de multinacionales que llevan a cabo una estrategia de monopolio para quedarse con el transporte urbano de viajeros sin regulación, como hemos visto que han hecho en otros lugares del mundo", ha reprochado.

"Vamos a seguir defendiendo el servicio público, vamos a seguir defendiendo el derecho de los consumidores y vamos a seguir defendiendo la autonomía municipal”, ha afirmado Mayoral, que recordó que también han recurrido la normativa en Madrid. "Creemos que ya está bien, que se quiten el traje de patriotas porque son unos vendepatrias que están entregando los servicios públicos a transnacionales que no tributan en nuestro país", ha concluido.

Los representantes del sector del taxi aprovecharon la ocasión para agradecer a quienes han hecho posible este recurso, logrado con el apoyo de 55 diputados pertenecientes al grupo parlamentario de Unidas Podemos, al grupo parlamentario republicano, al grupo mixto, Bildu, el grupo parlamanterio plural y el grupo mixto.

El decreto recurrido permite que se mantengan las autorizaciones que concede el Estado para los VTC: las nuevas licencias sólo se concederán cuando sean de un VTC por cada 30 taxis, cuando ahora la ratio en Andalucía es 2,7. La normativa fija zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social, y prohíbe la geolocalización previa a la contratación.