28-F: el café para todos se agota

La formación de Gran Bretaña y de España como naciones contienen ciertos paralelismos, una senda de unión de viejos reinos medievales hacia el Estado moderno, el imperio de ultramar como elemento de cohesión y unas tensiones recurrentes y no del todo resueltas, ante los que se impone una tendencia económica y política que va más allá de las constituciones y de los estatutos: Londres, como Madrid, amenazan con engullir al país.

La paradoja española es que a la mayor descentralización de su historia, la que comenzó en 1977 y tuvo ese hito rupturista el 28-F de 1980 en Andalucía, le está sucediendo una concentración de poder inédita hasta ahora: las grandes empresas españolas, las multinacionales, la población, los lobbies, las comunicaciones, las infraestructuras, los poderes judiciales, mediáticos y los políticos confluyen en ese triangulito que no manda sobre el papel, pero que se empeña en marcar el paso y, sobre todo, el tono del todo un país.

Mientras el resto de las comunidades autónomas, caso de Andalucía, tratan de que Cataluña no se les vaya, Madrid amenaza con imponer otra realidad a lomos de una globalización que está dejando el planeta poblado de megaciudades y de enormes vacíos. España es un paradigma de esto, el 90% de su población, uno de cada nueve españoles, vive en el 2,6% del territorio. Una parte de Andalucía, sin embargo, se viene salvando de ello, Sevilla concentra el 4% de la población del país, Málaga, el 3,6%, y Cádiz, el 2,6%. La Costa del Sol extendida es una conurbación contínua desde el Campo de Gibraltar hasta el litoral granadino. Le ocurre como a la Comunidad Valenciana, el litoral nos va a salvar.

Un periodista valenciano, Salvador Enguix, histórico corresponsal de La Vanguardia en la ciudad del Turia, llama a este fenómeno el de las periferias mudas. Su tesis es que la federalización de España se frenó después del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981 y que aquella corrección, que tuvo por nombre la Ley Orgánica de Armonización Autonómica (Loapa), aunque fue enmendada por el Tribunal Constitucional, mantuvo su inercia, de modo que sólo las comunidades forales, País Vasco y Navarra, han podido igualarse al poder central, mientras que Cataluña ha mantenido su voz, gracias a la dependencia de los partidos nacionalistas en la gobernación cuando no hay mayorías absolutas y, cuando las hay, a la confrontación. El resto, en su opinión, permanecen mudas o con un tono muy bajo.

Su visión, muy catalanista, da por hecho un original pulso federalista que no estaba definido como tal en la Constitución, pero sí ofrece un buen panorama del poder territorial en España. Cataluña intenta compensar el poder concentrado de Madrid, mientras el resto intenta en muchas ocasiones emular los logros autonomistas catalanes sin parar a pensar cuáles eran sus inconvenientes.

En más de una ocasión se ha comparado esta deriva con la fábula de la liebre (Cataluña) y las tortugas (Andalucía, la principal). Cada vez que la liebre se tumbaba a descansar, la tortuga le alcanzaba, hasta que el bicho veloz saltaba de nuevo a correr y así, sucesivamente, en una carrera en la que lo que se dirime no es el final, sino la igualdad o diferencia entre las comunidades.

Sin café para todos, Cataluña no sería lo que es

A cierta catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona le escuché en una ocasión un razonamiento paradójico pero, probablemente, cierto: sin el café para todos, sin los avances que Andalucía consiguió para su autogobierno a partir del 28-F, Cataluña tendría hoy una cuarta parte de su autonomía política, la que consiguió en 1977. Cada vez que la tortuga ha llegado, la liebre ha emprendido otra carrera.

Con esta última legislatura de Pedro Sánchez hemos coronado el paradigma de esta tendencia. El acuerdo entre ERC y el PSC para dotar a Cataluña de una financiación singular –distinta, por tanto– se ha traducido en una propuesta de modelo para todos que, como resultado, incluye la concesión de la ordinalidad, una vieja aspiración catalana. La participación de una andaluza, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, en el diseño de este modelo ha procurado un modelo que, en líneas generales, es bueno para Andalucía, aunque arroja serias incertidumbres sobre su evolución a medio plazo.

La idea de María Jesús Montero pasa por presentar ante el Congreso su nuevo modelo, que no incluye la recaudación por parte de Cataluña del IRPF, antes de que dimita para presentarse a las elecciones andaluzas. Sería después, y siempre que Junts y ERC respaldasen esta ley, cuando se abordase esta cesión de la recaudación y gestión, que supondría –esta vez, sí– un salto definitivo y diferenciador para Cataluña a costa de un debilitamiento del Gobierno central y de su poder redistributivo.

La persecución de la tortuga andaluza a la liebre catalana debería haber llegado a su fin. Una partición de la recaudación y gestión del IRPF entre comunidades, aunque venga unida a una aportación pactada al conjunto del Estado, afectaría de modo negativo a las comunidades con menor renta, caso de Andalucía, porque el Gobierno central vería mermado su potestad de redistribución territorial de la renta.