El catastrazo sigue generando polémica pese a la multitud de acciones aprobadas por el Ayuntamiento para mitigar sus efectos. El debate se centra ahora en la aplicación de una de las medidas correctoras acordadas en el mandato anterior: la subida del IBI conforme al IPC para el año 2012. Cuando el Pleno dio luz verde a la receta de Herrera contra el catastrazo, a finales de 2009, apenas se recayó en este apartado ya que de por medio estaba la congelación de los recibos del IBI durante los ejercicios 2010 y 2011. Sin embargo, ahora que ha llegado el turno de regirse por el IPC para seguir cumpliendo con la hoja de ruta contra el catastrazo, se ha conocido con exactitud cómo se aplica la medida, lo que ha derivado en una grata sorpresa para algunos y en un varapalo para otros.

El Gobierno del PP defiende que ha querido ir más allá de lo aprobado por el Pleno y -en vez de aplicar el 3% del IPC marcado en agosto- ha bajado el tipo de gravamen al 0,73 para que la subida media del IBI sea en el municipio del 1,68% el año que viene. El Ayuntamiento subraya que al 60% de los vecinos le bajará el recibo con respecto a 2011, mientras que un 20% estará dentro de la subida media del 1,68% y el resto, por encima. La asociación Mar y Monte ha sido la que ha puesto el grito en el cielo haciendo saber que la nueva ponencia catastral se cebó con zonas de San García y que el alza previsto para algunos vecinos será del 60%. El colectivo entiende que se está incumpliendo el acuerdo del mandato anterior ya que, si el IPC es del 3%, todos los vecinos deberían sufrir una subida lineal por igual conforme a esta cantidad para que así no haya discriminación.

La forma de resolver el entuerto es remitirse al acta del Pleno del 4 de diciembre de 2009 en el que se aprobó la medida, ya que es el único documento legal al efecto. El acta dice textualmente: "El Ayuntamiento rebajará los tipos de gravamen del IBI para los años 2012, 2013 y 2014, de forma que el padrón contributivo de dichos ejercicios sólo se incremente en el mismo porcentaje que el IPC interanual, para lo que se utilizará el correspondiente al mes de agosto del año anterior al que corresponda (para los cálculos no se tendrán en cuenta las altas y bajas del citado padrón)".

Lo que aprobó el Pleno, como se puede leer, no hace mención alguna a los recibos sino se basa en la recaudación del Consistorio. Es decir, que el Ayuntamiento se comprometió a ingresar de más en concepto de IBI sólo lo marcado por el IPC. Para ello sólo tiene una herramienta -el tipo impositivo- que debe adaptarse en la ecuación con los valores catastrales de los inmuebles, cuya subida ya sí se aplicará en 2012 para el caso del IBI al agotarse los tres años de bonificaciones fijados por ley.

En su momento no se explicó con detalle pero, al expirar el periodo de bonificaciones -que permitió que en 2009 a todos los vecinos le subiera un 7% y se congelara el recibo en los dos años posteriores-, se hacía imposible que en 2012 el catastrazo afectara a todos por igual, ya que el Ayuntamiento sólo puede aplicar un tipo de gravamen común para el municipio y no puede actuar caso por caso. Así, el Consistorio ha hecho su valoración estudiando las subidas de los valores catastrales por zonas y ha calculado un tipo -el 0,73- que cumple de sobra con el requisito común para el conjunto al fijarse la media en el 1,68%. Pero, como en todo promedio, hay casos que están por debajo que se tienen que compensar con otros que están por encima.

Hasta ahora el Ayuntamiento ha estado recaudando 35 millones de IBI al año. El que viene ingresará medio millón más con la medida aprobada. Si hubiese aplicado el 3% del IPC el padrón contributivo se habría incrementado en 1 millón. Asimismo, si hubiera mantenido el tipo impositivo en el 1,1 -incumpliendo el compromiso plenario- la recaudación por IBI hubiera ascendido a 53,4 millones en 2012. Por contra, si hubiera dejado el tipo por debajo del 0,73, habría perdido ingresos poniendo en riesgo las arcas y comprometiendo los pagos municipales.

Justo o no, lo que sí parece claro es que la medida aprobada por el Ayuntamiento cumple con el compromiso adoptado aquel 4 de diciembre de 2009 en el Pleno.