La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a nueve personas por su relación con una trama dedicada a practicar falsas altas en la Seguridad Social a fin de facilitar la obtención de permisos de estancia en España a ciudadanos extranjeros. Uno de los detenidos en el marco de la denominada Operación Ponche es el propietario de una tetería ubicada en el centro de la ciudad, que servía de tapadera para realizar los contratos simulados, en tanto que otros dos de los implicados eran compinches cercanos.

A estos tres arrestados se les acusa de un delito contra la Seguridad Social por realizar altas simuladas para la favorecer la obtención de permisos de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros.

En la investigación, desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras - Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Comisaría de Policía Nacional en Algeciras, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Cádiz, también fueron detenidas seis personas extranjeras en situación irregular, por infracción de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La Policía Nacional ha llevado a cabo durante el mes de septiembre once inspecciones en varios establecimientos de Algeciras, donde se identificó a 108 personas. Uno de los establecimientos fue la citada tetería, ubicada en el centro de la ciudad, donde se detectaron distintas irregularidades en las altas de la Seguridad Social de sus empleados.

Los investigadores concluyeron que el propietario del esta había simulado distintos contratos de trabajo para que se justificaran medios de vida en tres solicitudes de permisos de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a ciudadanos extranjeros presentadas ante la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. Previamente, habían determinado que la baja actividad de la tetería no requería de más de una o dos personas para atenderla, según fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes apuntan que la rápida intervención de la UCRIF evitó que la trama pudiera recibir subvenciones públicas que había tramitado por la contratación de esas tres personas.

Erradicación de la economía sumergida

Las actuaciones realizadas por la Policía Nacional intentan frenar la proliferación de supuestos empresarios que, con ánimo de lucro, simulan altas en la Seguridad Social para la obtención indebida de prestaciones y permisos de residencia o que dan ocupación a trabajadores, de quienes se aprovechan de su situación personal para imponer condiciones laborales abusivas.

La importancia que tiene la prevención de este tipo de actuaciones de lucha contra el fraude y el empleo irregular es fundamental ya que da lugar a un tipo de economía sumergida que afecta a trabajadores, consumidores y a los empresarios que sí respetan la legalidad y que no pueden competir en igualdad de condiciones contra quien abarata costes.

La Ley de Extranjería prevé la autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales en su formato de arraigo social si el extranjero demuestra que lleva tres años residiendo en España, tiene vínculos familiares o sociales (que se certifican con un informe de la comunidad autónoma o el ayuntamiento en este caso) y presenta un contrato de trabajo de una duración mínima de un año, que estaría ligado a la obtención del permiso de residencia (o demuestra que cuenta con medios económicos suficientes).

Precedentes: operaciones Villa y Mena

En 2021, la UCRIF llevó a cabo la Operación Villa, en la que un conocido propietario de una gestoría de Algeciras fue detenido por la realización de falsos contratos y altas fraudulentas para posibilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo a inmigrantes en situación irregular en España. En total hubo, al menos, doce detenidos y numerosas víctimas, clientes del gestor, a las que éste utilizó para dar de alta los contratos.

El 24 de febrero se produjo el registro del despacho del gestor, en un operativo que llamó la atención al producirse a mediodía en pleno centro de Algeciras. En el registro, los policías encontraron 28.800 euros en efectivo y 6.500 gramos de polen de hachís, del que se sospecha que podría ser un pago en especie.

La Seguridad Social y la Inspección de Trabajo estaban realizando también su propia investigación sobre la actividad del detenido, que se encontraba con problemas para poder gestionar las altas. Esto generó una situación nueva: estaba cobrando a algunos extranjeros a los que después no podía facilitarles un contrato y alta laboral.

Al menos 40 personas habían regularizado su situación en España gracias a ese fraude. A todas se les imputó delitos de falsedad documental y, a parte de ellas, delitos de fraude en las prestaciones tras haber caído en la oferta de la red: 4.000 euros por regularizar su situación en el país.

Un despacho de abogados

La UCRIF de la Comisaría de Algeciras había desarrollado previamente la Operación Mena contra el favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación llevó a los agentes en este caso hasta un despacho de abogados en un municipio malagueño, que sería el encargado de realizar los trámites necesarios para la obtención de los permisos de residencia a cambio del pago de entre 2.000 y 4.500 euros.

Un ciudadano extranjero que estaba tratando de regularizar su situación fue el que encendió la luz de alerta en este caso. Para realizar los trámites estaba utilizando un contrato de trabajo falso y otra documentación con el objetivo de demostrar el arraigo en España. Esta persona fue detenida por un delito de falsedad en documento. A partir de ahí se empezó a investigar el origen de esos papeles.

Estos los llevaron hasta dos abogados del despacho malagueño, que estarían ofertando a personas en situación administrativa irregular la tramitación de toda la documentación necesaria para regularizar su estancia en el España. Para ello contaban con la ayuda de una persona de La Línea, titular de una empresa que sería la encargada de facilitar los contratos de trabajo, una sociedad sin actividad alguna cuya sede social estaba ubicada en un domicilio. Todos fueron detenidos, como también una gestora de la empresa y tres marroquíes que habían utilizado la documentación falsa. Algunos de los implicados ya habían sido detenidos en la provincia de Málaga por hechos similares.