Suspendido sine die el juicio por fraude de 53 millones de IVA con importaciones chinas a través de Algeciras y Valencia

El juicio contra cerca de 40 personas y varias sociedades acusadas de blanqueo, organización criminal y fraude de cerca de 53 millones de IVA mediante la importación de productos chinos cuyo destino era España, a través de los puertos de Algeciras y Valencia, pero que se registraban a empresas en el extranjero, se ha suspendido sine die.

En la primera sesión, que se ha celebrado este lunes en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, la Sala ha atendido la petición de las defensas, que han explicado que no han tenido acceso a miles de documentos almacenados en cajas a lo largo de la instrucción.

Dado el volumen de los documentos incautados, que ocupan "prácticamente una nave entera" y cuya digitalización tardaría "años", ha dicho el presidente de la Sala, se ha optado por suspender el juicio para no vulnerar el derecho de defensa de los acusados, cuyos abogados podrán examinar los documentos.

El caso afecta a 37 personas y ocho sociedades mercantiles, que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, se concertaron entre 2009 y 2014 para crear una estructura societaria ficticia con la finalidad de aparentar ser una red de importadores de mercancías de China.

Todo ello con el objetivo final de defraudar a Hacienda a través de la falsificación de facturas y otros documentos mercantiles ficticios.

Para ello, alteraron el valor real de las mercancías importadas con la finalidad de eludir sus obligaciones tanto en los tributos sobre el comercio exterior (derechos de aduana e IVA a la importación) como en los impuestos interiores (IVA), tras crear una estructura empresarial alrededor de Aduanas Senalar, controlada por el presunto cabecilla de la trama, Julio Seseña del Olmo.

Los importadores mayoristas, concertados con Seseña, traían mercancías desde sociedades radicadas en España y, para evitar el pago de derechos de importación, utilizaban empresas pantalla con sede en Portugal, Italia, Francia y Países Bajos.

Las mercancías llegaban a los puertos de Valencia y Algeciras, así como al de Rotterdam (Países Bajos), y eran entregadas a clientes reales que permanecían ocultos y así no tributaban a Hacienda.

Las facturas, ficticias, mostraban como destinatarios de dichos productos a empresas controladas por la trama a cuyo frente figuraban distintos testaferros. Las cantidades recibidas se ingresaban regularmente en cuentas bancarias pertenecientes a sociedades instrumentales domiciliadas en Portugal, añade el escrito.

Anticorrupción pide para Seseña 56 años de cárcel y una multa de 143 millones, además de otros 100 millones de multa para Aduanas Senalar, que en el periodo investigado importó cerca de 2.600 contenedores desde China.

Para los cerca de 40 acusados, entre los que figuran empleados de Senalar, testaferros, transportistas o comerciantes chinos establecidos en España, la fiscalía pide penas que suman 572 años y multas que superan los 1.400 millones de euros.