A juicio una trama que defraudó 53 millones en IVA con productos chinos que llegaban a Algeciras y Valencia

Algeciras/Las mercancías llegaban por mar a los puertos de Algeciras, Valencia y Rotterdam. En teoría, tenían como destino empresas de juguetería o importadoras con sede en Portugal, Italia, Francia y Países Bajos. En la práctica, acababan en Madrid, en los almacenes del polígono de Cobo Calleja, y con ellas se alimentaba una economía sumergida millonaria.

Este lunes, 9 de junio, comienza en la Audiencia Nacional uno de los juicios más importantes de los últimos años por fraude fiscal a gran escala. La Fiscalía Anticorrupción sienta en el banquillo a 37 personas y ocho sociedades mercantiles acusadas de formar una organización criminal dedicada a eludir el pago del IVA mediante un complejo sistema de importación ficticia de productos chinos. El fraude estimado asciende a casi 53 millones de euros. Las penas solicitadas superan los 570 años de prisión y las multas rebasan los 1.400 millones.

En el centro de la trama se encuentra la empresa Aduanas Senalar, con sede en Madrid y dirigida por Julio Seseña del Olmo, agente de aduanas y presunto cerebro de la organización. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la agencia EFE, Seseña y su entorno tejieron entre 2009 y 2014 una red de empresas pantalla con el propósito de falsear facturas, manipular el valor declarado de la mercancía y desviar productos al mercado negro sin pagar los impuestos correspondientes.

El entramado comenzó en el puerto de Valencia, pero pronto se expandió a Algeciras y a Rotterdam, en Países Bajos. Desde China partían los contenedores con productos de consumo —principalmente textiles, electrónica y juguetes—. En la documentación oficial figuraban como consignatarias empresas ficticias radicadas en el extranjero, pero los productos se entregaban realmente a mayoristas en España, especialmente en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada.

En una primera fase, parte del IVA y los aranceles se abonaban, aunque con documentos falsos que infravaloraban el contenido de los contenedores. Luego, la trama dejó de pagar directamente esos tributos gracias a la utilización de sociedades interpuestas en otros países de la Unión Europea, sobre todo en Portugal y Países Bajos. Esto les permitió camuflar los ingresos obtenidos en efectivo por la venta de mercancía no declarada. Ese dinero era recogido en mano por testaferros y empleados, que lo ingresaban en cuentas de empresas instrumentales en Portugal. Desde allí, los fondos circulaban por varios países europeos antes de regresar a Aduanas Senalar como pagos ficticios por supuestas operaciones comerciales.

2.600 contenedores en cinco años

En ese lustro, Aduanas Senalar importó cerca de 2.600 contenedores, según el sumario. La Fiscalía considera que Julio Seseña fue el “verdadero organizador y director de toda esta trama defraudadora”, como ha destacado también el juez instructor. A medida que la Agencia Tributaria aumentaba la presión, la red fue sofisticando su estructura: creó nuevas empresas en Holanda, Italia, Alemania, Polonia y Hungría para sortear los controles, y comenzó a usar sociedades holandesas como supuestas receptoras de los productos, aunque los camiones terminaban siempre en los mismos destinos ocultos de la Comunidad de Madrid.

El objetivo era claro: desviar la mercancía al mercado mayorista español, eludir el pago de impuestos aduaneros e interiores, y blanquear los beneficios generados en efectivo.

El operativo que destapó el fraude se desarrolló en 2015 y fue bautizado por los investigadores como Operación Juguetes, en alusión al tipo de mercancía con el que la red simulaba operar. La investigación permitió identificar a casi 40 implicados, entre ellos testaferros, transportistas, empresarios chinos afincados en España y trabajadores de Senalar, que ahora se enfrentan a penas de entre tres y 56 años de prisión.

Para Julio Seseña, el Ministerio Público solicita la pena más alta: 56 años de cárcel y una multa de 143 millones de euros. También reclama 100 millones de sanción para la empresa Senalar por su papel central en el fraude.