El Supremo declara nula la adjudicación del proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía al detectar irregularidades en la licitación

Algeciras/La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado nulo el proceso para la contratación, por parte del Ayuntamiento de Algeciras, de la empresa que redactó el proyecto y la dirección facultativa de las obras de construcción del Centro de Interpretación Paco de Lucía, inaugurado el pasado 20 de diciembre de 2024. Según la sentencia publicada el 3 de abril de este año, a consecuencia de un recurso de casación presentado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, el Ayuntamiento aplicó de forma irregular los criterios de adjudicación (cláusula décima) del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. En concreto no respetó el umbral mínimo de valoración de los criterios relacionados con la calidad, impuesto en el artículo 145.4, párrafo segundo, de la Ley de Contratos.

El proyecto se sacó a concurso en el verano de 2019 hasta en tres ocasiones: en la primera fue retirado unos días antes de que acabase el plazo de presentación de ofertas, en la segunda quedó desierto y en la tercera fue adjudicado con un presupuesto de 73.984,11 euros más IVA y un plazo de ejecución máximo de 24 meses desde su adjudicación. A la licitación concurrieron un total de cuatro ofertas de las que dos fueron apartadas del procedimiento por no cumplir con el requisito de contar con experiencia internacional. Finalmente, la baremación se hizo entre dos ofertas.

El PSOE entiende que el Supremo considera "fraudulento" el proceso. La portavoz del grupo municipal socialista, Rocío Arrabal, y el viceportavoz, Fran Fernández, han acusado al equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce de intentar ocultar la sentencia y se han preguntado cuánto costará a los ciudadanos de Algeciras la "chapuza" en el caso de que la empresa que debió ganar la licitación y no lo hizo pida una indemnización.

El Ayuntamiento, en cambio, considera que la decisión del Supremo "no conlleva costes económicos para las arcas municipales", ya que el recurso no fue presentado por un licitador, "que sí tendría derecho a reclamar el tres por ciento del importe de la licitación", sino que "se trata de un colegio profesional que no ha concurrido a la licitación".

Según el artículo 145.4 de la citada ley, en los contratos de servicios del Anexo IV y en los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad han de tener una valoración mínima del 51%, "dado que la calidad ha de primar frente al precio en este tipo de contratos", se lee en la sentencia, que concreta que esta regla rige también cuando el procedimiento abierto simplificado se utiliza para la adjudicación, como es el caso.

El Ayuntamiento, en cambio, defendió su proceso alegando que de los diversos criterios que aplicó, los económicos alcanzaron un porcentaje del 55%, quedando el 45% restante para los que dependen de juicios de valor: hasta el 25% la propuesta arquitectónica y un máximo del 20% la museística.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos presentó tres recursos ante el Supremo. El de la licitación y otros dos contra dos sentencias previas que habían dado la razón al Ayuntamiento. Y es que habían sido desestimados los recursos que presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Algeciras (sentencia del 27 de abril de 2021) y ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -sede de Sevilla- (sentencia del 11 de febrero de 2022). Según Rocío Arrabal, el caso vuelve ahora al juzgado algecireño para determinar las consecuencias de la sentencia.

Además, tanto en el proceso en la primera instancia como en el recurso de apelación, el Consejo planteó otras dos objeciones al pliego de cláusulas administrativas, ambas referidas a la solvencia técnica, que el Supremo desestima. La primera está relacionada con la experiencia internacional que se requiere en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. El recurrente entiende que "carece de toda justificación objetiva" y establece un "listón de desigualdad" respecto de otros arquitectos, pero las sentencias consideran que esta exigencia no "vicia la libre competencia". La segunda se refiere a los certificados de calidad requeridos, que según el Consejo suponen una "desproporción en la exigencia de solvencia técnica" que incumple el artículo 74.2 de la Ley de Contratos, y a lo que responde el Supremo: "Exigir a los licitadores que acrediten estar en posesión de estándares de calidad referidos a Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión de Seguridad Social y Seguridad Laboral en los términos exigidos en las Bases, en absoluto resulta desproporcionado atendiendo al objeto del contrato, por lo que no se vulnera el art. 74.2 de la Ley 9/2017, la libre concurrencia ni la igualdad de trato".

Reacción del PSOE

La portavoz del grupo municipal socialista, Rocío Arrabal, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que el gobierno local de Landaluce “utilizó con calzador un procedimiento que no se ajusta a la legalidad” en la adjudicación del proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía. "El Tribunal Supremo ha acabado dando la razón a los arquitectos que en su día lo denunciaron, en una sentencia firme que prueba que aquella adjudicación fue una chapuza cuyas consecuencias vamos a terminar pagando todos los algecireños”, ha afirmado.

“El alcalde tiene que dejarse de oscurantismos, dejar de esconderse tras fotos y vídeos de propaganda y dar explicaciones. Tiene que dar la cara y explicar a la ciudadanía por qué este proyecto se adjudicó de aquella manera, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público, por qué no se nos ha informado, no ya a la oposición, sino a la ciudadanía de Algeciras, sobre esta sentencia del Supremo, y también cuánto nos va a costar esa adjudicación fraudulenta”, ha advertido Arrabal, que ha insistido ante los medios en que “esta sentencia va a tener un coste, hacer las cosas mal tiene un coste, aquí hubo un procedimiento viciado, se adjudicó el proyecto a una empresa con unos criterios que no se ajustaban a la legalidad, y, por tanto, la empresa a la que se le tendría que haber adjudicado pedirá una indemnización, que no va a pagar Landaluce de su bolsillo”.

Según Arrabal, el Ayuntamiento "dio al precio una mayor puntuación de la legalmente establecida, pero ojo, luego aumentó esa cuantía (casi 37.000 euros) con una modificación, utilizando con calzador un procedimiento que no se ajusta a la legalidad, para adjudicar el proyecto a la empresa que finalmente lo hizo, solicitando posteriormente una subvención, aunque se suponía que había sido su oferta económica la que le había dado la adjudicación… Vamos, una auténtica chapuza”.

Seis años después de aquella adjudicación “fraudulenta”, y una vez conocida la sentencia del Supremo, toca preguntarse “si todo se forzó para adjudicar el contrato a la empresa que resultó ganadora, lo que supondría que el contrato, que en estos años no ha parado de sufrir modificaciones, tanto de cuantía como de tiempo, ya estaba adjudicado antes de la licitación”. Hace un año, Arrabal solicitó en el Parlamento Andaluz, en su calidad de diputada autonómica, poder ver la documentación de justificación de la subvención para la obra del Centro de Interpretación. A día de hoy, afirma, dicha petición sigue sin respuesta, por lo que la ha vuelto a solicitar, además de pedir explicaciones.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Algeciras defiende que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo "no conlleva costes económicos para las arcas municipales" y resalta que supone una "estimación parcial" al desestimar el aspecto de la experiencia internacional. "Los servicios jurídicos municipales consideran que de esta sentencia no se derivarán consecuencias económicas ya que no se está hablando de un licitador, que sí tendría derecho a reclamar el tres por ciento del importe de la licitación, sino que trata de un colegio profesional que no ha concurrido a la licitación", asegura en una nota de prensa en la que asegura que de esta sentencia dio cuenta a la Junta de Gobierno Local el pasado 5 de mayo, "por lo que los responsables municipales han estado en todo momento informados de su contenido".

El equipo de Gobierno municipal lamentan que el PSOE “intente hacer un uso torticero de una sentencia que no conlleva perjuicios para los algecireños, y que su portavoz quiera tergiversar la realidad a su antojo, sin base ni criterio alguno, volviendo a hacer lo único que sabe: manejar la máquina del fango, pero una vez más, fracasa en el intento”.