Acaip lamenta que 2023 termina sin que se solucionen los problemas "endémicos" de la cárcel de Botafuegos

Acaip-UGT ha hecho un balance de 2023 en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras. "Ha sido otro año para el olvido para la prisión algecireña, por ende también para las cárceles españolas, y en particular para sus trabajadores penitenciarios, que han sufrido de nuevo la falta de capacidad de sus máximos responsables, encabezados por el ministro Marlaska y su elegido para gestionar las cárceles del país, Ángel Luis Ortiz".

El sindicato lamenta que el centro penitenciario de Algeciras ha cerrado el año "con el recinto sobreocupado de reclusos por encima del 100% de su capacidad, agresiones físicas y verbales, conatos de motín, alarmante falta de facultativos, sin psiquiatras, internos con toxicomanías y patologías mentales sin tratar adecuadamente, suicidios por ahorcamiento, sobredosis, incautaciones de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, teléfonos móviles requisados, drones que sobrevuelan el espacio aéreo de la cárcel depositando sustancias y/o objetos prohibidos cuyos destinatarios son los reclusos".

"También se cierra el año con carencias de recursos humanos, sin ampliarse la Relación de Puestos de Trabajo, sin los recursos materiales ni tecnológicos necesarios, sin uniformes de trabajo ni calzado adecuado, sin el reconocimiento de agente de la autoridad por el Gobierno, etc. A pesar de tantas vicisitudes, los funcionarios penitenciarios siguen dando muestras de su profesionalidad, primando en su día a día el lograr una convivencia ordenada y pacífica, se mantenga el buen orden en el establecimiento; para ello se salvaguarda la integridad física de los internos, evitando agresiones, coacciones e incluso se vela por la vida, evitando fallecimientos por suicidio o sobredosis, continúa Acaip-UGT.

"El establecimiento penitenciario de Algeciras despide el año con los mismos problemas endémicos, e incluso más que en años anteriores, con una preocupante falta de empatía e incapacidad de todos los que deben ayudar a un colectivo que desarrolla servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como son el subdelegado del Gobierno en la provincia y de la Junta, la consejería de Salud, el secretario general de Instituciones Penitenciarias y el ministro del Interior", finaliza el sindicato.